Marleny Rojas puede ir presa por denunciar a generales del ‘Baguazo’, cuya investigación puede involucrar a ex ministros y hasta al presidente García.
Con una investigación preliminar “de oficio” por presunta usurpación de funciones, abierta en Amazonas contra la fiscal Marleny Rojas, empiezan a cumplirse las amenazas de la titular del Ministerio Público, Gladys Echaíz, contra la referida fiscal por el simple hecho de haber denunciado penalmente a oficiales de la Policía Nacional que dirigieron la desastrosa operación de control de las protestas de nativos amazónicos, ocurrida el 5 de junio en Bagua, y que dejaron un saldo de 34 muertos, entre civiles y policías.
Rojas, actualmente en Lima, tras la intimidación ejercida hace unos días por su superior jerárquico, manifestó ayer que ya no le cabe ninguna duda de que una “maquinaria” está trabajando en contra suya, pues se ha cumplido la primera de las amenazas que le hizo Echaíz cuando le advirtió, que “su comportamiento podría llevarla a la cárcel y por último habían también ‘otras formas’ de disciplinar a los fiscales que no se ajustaban a las indicaciones de ley y orden que emanan de la autoridad fiscal”.
Lo que hizo Echaíz fue encaminar, a través de Control Interno del Ministerio Público, una denuncia por presunta usurpación de funciones contra la ex fiscal Rojas como encargada de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba. Para el abogado y ex congresista Heriberto Benítez todo indica que “esta investigación abierta en Amazonas a la fiscal Rojas demuestra que Echaíz es la autora intelectual de la denuncia”.
Peligro de cárcel
El inicio de esta investigación reviste un peligro grave, pues esta medida aparentemente interna puede encaminarse hacia la determinación de una responsabilidad, una destitución de la institución y, finalmente, una denuncia penal ante el Poder Judicial por el delito de usurpación de funciones que, de acuerdo al Código Penal, puede conllevar una pena de prisión efectiva contra Rojas.
De acuerdo al artículo Nº 361 del Código Penal, quien incurre en el ilícito penal de usurpar funciones puede sufrir una pena de cárcel que podrá ser de hasta siete años.
“Se aprecia, pues, que la intención es enviarla a la cárcel, en represalia por haber denunciado hechos que comprometen a personajes del gobierno”, señaló Benítez, quien luego precisó que en el desarrollo de la investigación derivada de esta denuncia fiscal se puede demostrar que los oficiales de la policía acataron una orden que “vino de arriba”, de los ministros y hasta del propio presidente de la República.
Camino a la impunidad
La fiscal Rojas rechazó haber cometido delito alguno y manifestó que, por el contrario, lo único que hizo fue cumplir su deber, dentro de las funciones propias del Ministerio Público, como son la defensa de la legalidad y la persecución del delito. “Se ha iniciado una campaña de desprestigio personal y profesional de mi desempeño como fiscal que se encamina con toda claridad a dejar sin efecto la denuncia por los hechos de Bagua”, señaló Rojas.
El congresista y ex juez Víctor Mayorga calificó la investigación contra la fiscal de Amazonas como una maniobra para abrir un camino a la impunidad de los responsables de la muerte de nativos.
Puntos de discordiaFuentes del Ministerio Público revelaron que la sucesora de la doctora Rojas Méndez en la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, Olga Bobadilla, se encuentra en Lima acompañada del pool de abogadas que la asisten en su cargo, realizando secretas gestiones que se presume tienen que ver con la estrategia encaminada a dejar sin efecto la denuncia contra los generales de la policía Luis Muguruza y Javier Uribe, así como otros 17 oficiales.
La Primera
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