Un año después del “Baguazo’, en el que perdieron la vida 34 peruanos, no hay nada que celebrar y sí mucho que lamentar. No solo no hay un solo responsable sancionado por la ley, sino que los procesos judiciales marchan a paso de tortuga.
En instancias ajenas a los fueros jurisdiccionales hubo varias investigaciones que arrojaron sendos y variopintos documentos: cuatro informes en el Congreso; dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, en la Comisión Bagua impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y una discreta investigación policial.
De todos estos documentos, el presentado, en minoría, por el legislador Guido Lombardi –quien presidió la comisión investigadora del “Baguazo’ en el Parlamento– estableció responsabilidades en el Ejecutivo, el Congreso, la Policía y los propios dirigentes indígenas.
BUSCANDO CAUSAS. “¿Por qué pasó esto?”, se preguntó ayer Lombardi. Y respondió: “El presidente (Alan García) tuvo una posición, más que firme, un poco despectiva. El Congreso de la República actuó pésimamente. El 4 de junio se negó a tomar una decisión que pudo haber cambiado el curso de las cosas. Hubo una absoluta incapacidad y corrupción de la Policía y del Poder Judicial, que inicia el proceso contra la tranquilidad pública cuando la carretera estaba tomada por 50 días”.
Sobre la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y la condecoración que le entregó la Policía luego del “Baguazo’, Lombardi la calificó de “bochornosa” (la medalla). “Yo tengo verdadero respeto por Cabanillas, y creo que no es digno de ella mantener ese reconocimiento después de haber condecorado a (Elías) Muguruza y a (Javier) Uribe, los responsables de la tragedia desde la Policía”, subrayó.
Por el lado indígena, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, ha dejado su exilio en Nicaragua luego de presuntas negociaciones con el Gobierno peruano para retornar al país.
JUICIOS QUE NO MARCHAN. Y en tanto ello ocurre, hay cinco procesos penales en los juzgados de Bagua y de Utcubamba (Amazonas), cuatro de ellos contra los indígenas que participaron en las acciones de la “Curva del Diablo’ y en la masacre de 12 policías en la Estación 6. En total, hay 82 procesados. En el otro, varios efectivos policiales están encausados.
Pero ninguno avanza. Por ejemplo, en el caso de Asterio Pujupat –por la desaparición del mayor Bazán –, la sala que lo juzga no encuentra intérprete, y en el caso de la Estación 6, la instrucción ha sido ampliada por 60 días más porque faltan realizar 174 diligencias.
tomado de Perú21
