El representante del consejo político del Partido Comunista chileno, Patricio Palma, consideró este lunes que las protestas como la huelga de hambre que realizan los 34 presos mapuche desde hace más de dos meses, aumentará la conciencia de los ciudadanos de este país sobre la situación que atraviesa esta comunidad.
Las protestas de la comunidad mapuche ''va a significar, sin duda, que aumente la conciencia en cuanto a este pueblo'', expresó Palma en una entrevista ofrecida a teleSUR.
El vocero del Partido Comunista indicó que esta manifestación de los nativos chilenos ha logrado que el país ponga atención en los problemas que aquejan a este sector del país.
''Ha forzado a mirar a los que no querían reconocer que éste es un conflicto real (...) ha llegado a sectores amplios de la sociedad'', dijo.
Pese a esto, Palma opinó que "es muy difícil hacer un juicio sobre si lo que ha ocurrido significará un cambio al pueblo mapuche''.
Agregó que estas dudas surgen porque no es la primera vez que esta comunidad ''levanta demandas significativas''.
Palma añadió que las reivindicaciones del pueblo mapuche tienen su asiento en convenciones y tratados internacionales.
En agosto de 2009 la organización indígena chilena mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) declaró la "guerra" al Estado y renunció a la nacionalidad del país suramericano, debido a que el Ejecutivo no mostraba señales de poner fin a la acción represiva contra su pueblo.
Además, proclamó "territorio de la nación autónoma mapuche desde el río Bío Bío al sur".
"Damos por terminado todo diálogo con la República de Chile y le declaramos la guerra, desde hoy en adelante", señaló la organización en un comunicado enviado a una radio local en ese entonces.
Una de las exigencias de la comunidad mapuche es el cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Gobierno.
Este pacto, aceptado por la OIT en 1989, fue aprobado por el Senado chileno en marzo de 2008 y por la Cámara de Diputados en 2001, sin embargo, el Estado no sigue lo estipulado en este convenio.
El pacto ofrece un marco legal de protección a las comunidades nativas y establece normas especiales en gran variedad de ámbitos como el laboral, educacional, de salud y de procedimiento judiciales, lo cual implica concederles a los miembros de estas comunidades derechos políticos, participación en el Congreso, así como en las municipalidades y gobiernos regionales, entre otras cosas.
Con respecto a la ley Antiterrorista, el representante del partido comunista chileno sostuvo que la aplicación de ésta ''excede cualquier norma internacional''.
Explicó que pese a que las protestas de la comunidad mapuche han estado acompañadas de cierto grado de violencia, es muy drástico el calificar esto como actos terroristas.
El pueblo mapuche ''está recurriendo a cierto grado de violencia para que sean escuchadas sus demandas pero de allí a que se califiquen como terroristas (...) mucho menos que se aplique las ley marcial'', consideró.
La ley Antiterrorista fue implementada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973 -1990) y permite que los acusados sean recluidos en prisión preventiva durante dos años, impide a los abogados defensores el acceso a la investigación y presentar testigos.
La aplicación de esta legislación ha sido criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en reiteradas ocasiones.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió el pasado 7 de septiembre al Congreso un proyecto de ley para modificar la polémica norma. Según el Ejecutivo, la intención de esta enmienda es que cerca de cuatro mil causas, actualmente en tribunales militares, entre ellas las de los mapuche, pasen a la justicia civil de ese país.
A pesar de esto, la comunidad mapuche exige la eliminación de esta norma puesto que su modificación no ofrece garantías de que no vuelva a ser cambiada por otros gobiernos en detrimento de los nativos.
El pasado 13 de septiembre los 34 presos mapuche radicalizaron la huelga de hambre debido a que el Gobierno chileno se niega a establecer una mesa de diálogo para discutir la ley Antiterrorista, entre otros asuntos.
Recientemente, Piñera llamó a los nativos del país a conformar una mesa de diálogo, sin embargo, este gesto fue calificado por los aborígenes como una estrategia política del mandatario, que no persigue solucionar los problemas de esta comunidad.
Durante años los mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.
La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país, que en total posee 16 millones de habitantes.
Las protestas de la comunidad mapuche ''va a significar, sin duda, que aumente la conciencia en cuanto a este pueblo'', expresó Palma en una entrevista ofrecida a teleSUR.
El vocero del Partido Comunista indicó que esta manifestación de los nativos chilenos ha logrado que el país ponga atención en los problemas que aquejan a este sector del país.
''Ha forzado a mirar a los que no querían reconocer que éste es un conflicto real (...) ha llegado a sectores amplios de la sociedad'', dijo.
Pese a esto, Palma opinó que "es muy difícil hacer un juicio sobre si lo que ha ocurrido significará un cambio al pueblo mapuche''.
Agregó que estas dudas surgen porque no es la primera vez que esta comunidad ''levanta demandas significativas''.
Palma añadió que las reivindicaciones del pueblo mapuche tienen su asiento en convenciones y tratados internacionales.
En agosto de 2009 la organización indígena chilena mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) declaró la "guerra" al Estado y renunció a la nacionalidad del país suramericano, debido a que el Ejecutivo no mostraba señales de poner fin a la acción represiva contra su pueblo.
Además, proclamó "territorio de la nación autónoma mapuche desde el río Bío Bío al sur".
"Damos por terminado todo diálogo con la República de Chile y le declaramos la guerra, desde hoy en adelante", señaló la organización en un comunicado enviado a una radio local en ese entonces.
Una de las exigencias de la comunidad mapuche es el cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Gobierno.
Este pacto, aceptado por la OIT en 1989, fue aprobado por el Senado chileno en marzo de 2008 y por la Cámara de Diputados en 2001, sin embargo, el Estado no sigue lo estipulado en este convenio.
El pacto ofrece un marco legal de protección a las comunidades nativas y establece normas especiales en gran variedad de ámbitos como el laboral, educacional, de salud y de procedimiento judiciales, lo cual implica concederles a los miembros de estas comunidades derechos políticos, participación en el Congreso, así como en las municipalidades y gobiernos regionales, entre otras cosas.
Con respecto a la ley Antiterrorista, el representante del partido comunista chileno sostuvo que la aplicación de ésta ''excede cualquier norma internacional''.
Explicó que pese a que las protestas de la comunidad mapuche han estado acompañadas de cierto grado de violencia, es muy drástico el calificar esto como actos terroristas.
El pueblo mapuche ''está recurriendo a cierto grado de violencia para que sean escuchadas sus demandas pero de allí a que se califiquen como terroristas (...) mucho menos que se aplique las ley marcial'', consideró.
La ley Antiterrorista fue implementada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973 -1990) y permite que los acusados sean recluidos en prisión preventiva durante dos años, impide a los abogados defensores el acceso a la investigación y presentar testigos.
La aplicación de esta legislación ha sido criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en reiteradas ocasiones.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió el pasado 7 de septiembre al Congreso un proyecto de ley para modificar la polémica norma. Según el Ejecutivo, la intención de esta enmienda es que cerca de cuatro mil causas, actualmente en tribunales militares, entre ellas las de los mapuche, pasen a la justicia civil de ese país.
A pesar de esto, la comunidad mapuche exige la eliminación de esta norma puesto que su modificación no ofrece garantías de que no vuelva a ser cambiada por otros gobiernos en detrimento de los nativos.El pasado 13 de septiembre los 34 presos mapuche radicalizaron la huelga de hambre debido a que el Gobierno chileno se niega a establecer una mesa de diálogo para discutir la ley Antiterrorista, entre otros asuntos.
Recientemente, Piñera llamó a los nativos del país a conformar una mesa de diálogo, sin embargo, este gesto fue calificado por los aborígenes como una estrategia política del mandatario, que no persigue solucionar los problemas de esta comunidad.
Durante años los mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.
La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país, que en total posee 16 millones de habitantes.
tomado de teleSUR
