Constanza Vieira
IPS
Siete parlamentarios laboristas de Gran Bretaña y 10 líderes sindicales de ese país, estadounidenses y canadienses se declararon en "estado de shock" por lo que oyeron en su visita de una semana a Colombia.
En un fuerte comunicado leído el miércoles en rueda de prensa en plena sede del parlamento colombiano, la misión parlamentaria y sindical acusó al gobierno del derechista Álvaro Uribe de ser presunto "cómplice en delitos de lesa humanidad".
Esos delitos están tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en esta capital administrativa de Holanda.
Se trata de todo asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos o culturales, desaparición forzada y otros delitos, cuando se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
El Estatuto de Roma entró en vigor en Colombia el 1 de noviembre de 2002 para crímenes de lesa humanidad y de genocidio, tipificados en el Artículo 6, pero el país sudamericano invocó una salvaguardia de siete años para los crímenes de guerra, descritos en el Artículo 8, cuyo plazo se cumplirá el 1 de noviembre de este año.
Por ahora, la fiscalía de la CPI mantiene el caso colombiano en observación.
"No tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos", dice el comunicado leído por la parlamentaria Sandra Osborne, del gobernante Partido Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.
"Además, estamos convencidos de que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el ejército", leyó Osborne en referencia a las milicias de ultraderecha comandadas por capos del narcotráfico y parcialmente disueltas tras negociaciones con Uribe.
"Estos crímenes son agravados por la impunidad de la cual gozan los que cometieron estos delitos, y la falla del sistema judicial para procesar a los criminales y a los que dieron las órdenes", agrega la declaración.
Colombia vive en guerra civil desde 1964, cuando se alzaron en armas dos guerrillas izquierdistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los grupos paramilitares emergieron en los años 80 para combatir a la insurgencia junto a las fuerzas del Estado.
Según un informe de octubre de 2008 de Amnistía Internacional, en 2007 fueron asesinados fuera de combate 1.400 civiles. En 2006 los asesinados fueron 1.300. En el primer semestre de 2008, cerca de 270.000 personas huyeron de sus hogares, lo que constituyó un aumento del desplazamiento forzado de 41 por ciento respecto de 2007.
La justicia logra condenas en solo ocho de cada 100 homicidios, según la Unión Europea.
Además, desde mediados de 2002 han sido asesinados al menos 1.200 civiles indefensos para ser presentados como bajas de la guerra contrainsurgente, es decir éxitos militares.
Durante siete días de gira en Colombia, el grupo parlamentario y sindical recogió "información sobre los abusos de derechos humanos y derechos laborales", dice la declaración dada a conocer por Osborne.
La misión se reunió "con un amplio abanico de la sociedad colombiana, cubriendo intereses cívicos, políticos, jurídicos y militares, incluyendo sindicatos, estudiantes, profesores, indígenas, campesinos, abogados sindicales, defensores de derechos humanos, y con los retenidos liberados de las FARC".
Esa guerrilla ha liberado desde 2008 a ocho políticos a los que mantenía como rehenes y a los que aspiraba a cambiar por sus combatientes presos, mediante una negociación con el gobierno. Por fuga, o tras un rescate de inteligencia militar, fueron liberados otros tres rehenes civiles, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
La misión viajó al oriental departamento petrolero de Arauca, en la frontera con Venezuela, donde escuchó los testimonios de comunidades y personas afectadas por la guerra, visito la cárcel de mujeres y al encarcelado líder defensor de derechos humanos en la región, Martín Sandoval.
Los visitantes también se entrevistaron con Uribe y con altos representantes de su gobierno, pero su reacción no fue publicitada localmente.
"En vez de encarcelar a los verdaderos criminales, el gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política, y a defensores de derechos humanos" como Sandoval, señala la declaración, que clama "por su liberación inmediata, y por la liberación inmediata de otros prisioneros políticos y sindicalistas".
Los integrantes de la misión anunciaron que, de regreso a sus países, "estaremos llamando por la inmediata terminación de todo apoyo militar y político al gobierno colombiano".
También exhortaron a "la no aprobación de cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC) hasta que los derechos humanos y laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable".
La aprobación de un TLC con Colombia fue paralizada en el Congreso legislativo estadounidense con argumento parecido por el ahora gobernante Partido Demócrata.
Entretanto, el 26 de marzo el gobierno conservador del primer ministro canadiense Stephen Harper abrió la cuenta regresiva de 21 días de debates para obtener la ratificación de un TLC entre Canadá y Colombia, al presentar el proyecto al parlamento de su país y radicar la ley para su aplicación.
Mientras, en la penúltima semana de marzo avanzó en Lima la segunda ronda de negociaciones entre tres países andinos, Colombia, Perú y Ecuador, y la Unión Europea, para alcanzar un acuerdo de libre comercio.
La misión parlamentaria y sindical advirtió que expondrá "públicamente la complicidad de empresas multinacionales en las violaciones de derechos humanos y laborales" en Colombia.
También se propone actuar para poner fin a la "criminalización de la oposición democrática y legítima", apoyar diálogos de paz y el intercambio de prisioneros entre las FARC y el gobierno, así como el cese de las ejecuciones extrajudiciales de civiles para mostrar éxitos en combate por parte del ejército colombiano.
Entre los parlamentarios integrantes de la misión se destaca el ex ministro de Defensa y ex portavoz del gabinete británico Peter Kilfoyle, quien renunció en 2000 por considerar que el entonces primer ministro Tony Blair no estaba cumpliendo el mandato del Partido Laborista.
La misión fue coordinada por Justice for Colombia, una organización no gubernamental británica creada en 2002, año en que fueron asesinados 184 sindicalistas en el país andino, considerado el lugar más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical.
Justice for Colombia es integrada por más de 40 sindicatos industriales británicos, además de otra decena de asociaciones profesionales y agrupaciones del orden nacional.
En septiembre de 2007, la entidad convocó la furia del ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, al solicitar al por entonces recién investido primer ministro británico Gordon Brown y a su secretario de Relaciones Exteriores que pusieran fin a la ayuda militar a Bogotá.
La cooperación militar británica con la guerra colombiana es la segunda después de la estadounidense. A su vez, Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda militar de Washington, después de Israel y Egipto.
La petición de 2007 fue suscrita por todos los entonces miembros del comité ejecutivo nacional del Partido Laborista que no integraban el gobierno, todos los miembros laboristas del Parlamento Europeo, decenas de parlamentarios del mismo partido y todos los sindicatos afiliados a esa colectividad.
"Los colombianos nos hemos acostumbrado a que este tipo de declaraciones son importantísimas, y que ahora sí va a pasar algo", como lograr un cambio en la política de ayuda militar al gobierno, dijo telefónicamente a IPS desde Bogotá la defensora de derechos humanos Lilia Solano.
"Pero hay que esperar los resultados", agregó, "no estamos seguros de que sea tan eficaz".
