Justifican Base militar en Río Blanco
CORREO PIURA El gobierno instalará una base militar en el campamento de exploración de la empresa Minera Río Blanco Cooper, provincia de Huacabamba, que permita impedir cualquier rebrote de violencia en la zona, anunció ayer el titular de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM), Javier Velásquez Quesquén.
Después de la larga reunión de coordinación entre el premier, el ministro del Interior, Octavio Salazar, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, el presidente de la Región Piura, César Trelles Lara, y el gerente general de la minera Río Blanco, Jian Wu, se informó que el gobierno tiene la firme intención de brindar todas las garantías de seguridad a los inversionistas en el Perú. ESPECIALIZADOS. Por su parte, el ministro Salazar informó que equipos especializados de la Dirandro, Dircote y unos 60 efectivos de la Policía Nacional se encuentran en la zona dónde opera la minera para investigar los luctuosos hechos de violencia, a fin de conocer quiénes fueron los autores del ataque y proceder con su posterior captura. Esto es contrario a la versión que el general de Piura dio ayer, quien dijo que irá un máximo de 15 personas denominadas "grupo de élite".
Velásquez Quesquén invocó también a las empresas concesionarias mineras a fortalecer su relación con la población, así como hacer inteligencia en la zona donde operan a fin de cruzar información y prever futuras situaciones de violencia. "Es la única de manera de prever ataques contra las empresas mineras en el país".
De otro lado, el premier informó que el gobierno evalúa la instalación de mesas de diálogo para solucionar conflictos como el que se ha producido en Chumbivilcas por parte de grupos campesinos. "En esa zona estamos agotando todos los mecanismos de persuasión para que se retiren del campamento de la minera Ares, a fin de evitar nuevas situaciones de violencia", expresó.
LO ADVIRTIÓ. Reportes de Seguridad del Estado revelaron la estrategia de grupos radicales para expulsar a "Majaz", ligado a un supuesto alzamiento armado en el norte.
Las evidencias que buscaba en el campamento el general Walter Rivera, para cazar a los asesinos, no sólo yacen sobre las cenizas polvorientas del Cerro Henry's Hill, escenario de la matanza. El jefe policial también tendría que husmear entre los archivos de inteligencia, donde obran varios reportes sobre el asedio permanente que sufrió este proyecto a manos de grupos radicales de izquierda.
LA ALARMA. Uno de esos documentos secretos es de marzo del año 2006: la nota de información N° 1672 del Departamento de Seguridad del Estado (DSE-13) que, ya por entonces, advertía de las pretensiones de estos grupos para el asalto de las instalaciones de Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A) y Yanacocha (Cajamarca) como un "plan piloto" para lo que sería el "inicio de la guerra popular" en el país.Según los canales de inteligencia consultados por Correo, esa nota se distribuyó, entre otros organismos del Estado, a la entonces Dirección de Inteligencia Nacional (DIN), a fin de que se tomen las acciones inmediatas que evitaran algo como lo ocurrido este domingo en el distrito piurano El Carmen de la Frontera.
"El buró político del PC (Partido Comunista) del P-PR (Partido Patria Roja) tiene planificado la toma definitiva de las instalaciones de Majaz y Yanacocha (...), como un plan piloto de lo que sería el inicio de la guerra popular en el país", precisa el informe.
El período en que esto último ocurriría, según el documento, estaba entre el 20 de marzo y el 5 de abril de 2006, coincidiendo con una protesta organizada a lo largo del país, a propósito de la firma del primer Tratado de Libre Comercio previsto por el gobierno peruano.
CHAVISTAS AL ATAQUE. Otro documento más reciente de Seguridad del Estado incide en lo mismo, pero es particularmente revelador al vincular la acción de grupos radicales en la sierra de Piura con el denominado "Movimiento Bolivariano", que supuestamente lidera el mandatario venezolano, Hugo Chávez.
Este movimiento, dice la información de inteligencia, "viene interviniendo activamente en el frente interno del país, cumpliendo su plataforma de lucha (�) que se contrapone a todo proceso de globalización comandadas por las grandes corporaciones multinacionales".
Según precisa, durante el gobierno de Toledo las acciones de protesta crecieron en torno a las compañías mineras en el Perú, especialmente en Piura y Cajamarca. Aquí destacaron por su actitud radical, dirigentes de Patria Roja, frentes, clero progresista, ONGs, autoridades ediles, dirigentes de izquierda, rondas y organizaciones antimineras, reza el documento de análisis de 24 páginas.
Asimismo refiere que "también creció considerablemente el sembrío de las plantaciones de amapola, coincidentemente en un territorio donde se encuentra minera Majaz y el proyecto Río Blanco, colindante con la frontera de Ecuador".
¿Alzamiento armado?
Seguridad del Estado también alertaba el 2007, por indicativos de inteligencia, que las rondas campesinas, bajo influencia de Patria Roja, tenían como proyecto iniciar la "lucha armada" en el norte del país, porque esa zona fronteriza "es estratégica para el tráfico de drogas, armas y tránsito de militantes de esta agrupación hacia las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular) para su adiestramiento militar.
