"La Ciudadanía": otra ficción del arsenal ideológico y político de la burguesía *

Galo Oswaldo Palacios J.

"...Cuando recrudece la movilización y la lucha de los pueblos por sus
reivindicaciones y conquistas sociales y políticas, en la búsqueda de cambios
sustanciales en la vida de la sociedad; cuando se ensancha y dinamiza la
tendencia democrática, progresista y de izquierda protagonizada por los
trabajadores, los indígenas, la juventud, las mujeres y los pueblos, ahí es
donde se intenta implantar estas visiones ficticias y perversas respecto de que
la sociedad actual debe erigirse 'sobre el concepto de la ciudadanía'... "

Durante la historia del régimen capitalista, la burguesía -como clase dominante— ha elaborado, difundido y con­sagrado una serie de ideas, concepciones e instituciones que le han dado los "motivos" para legitimar el poderío eco­nómico político de los capitalistas y de los monopolios; estas elaboraciones tienen la función de presentar al sistema burgués, como "justo", "libertario" y "civilizado" ante los traba­jadores, los pueblos y toda la sociedad.

Desde las proclamas de "Libertad, Igualdad y Fraternidad" que exhibiera la revolución burguesa en Francia de 1789 y un poco antes, a través de las obras de diversos pensadores euro­peos como los "laicos", los "antimonárquicos" y los "enciclo­pedistas" franceses, particularmente, se pueden encontrar los fundamentos de estas ideas y concepciones legitimadoras del dominio burgués —que jugaron a la época de su aparecimiento un carácter progresivo, incluso revolucionario— para oponerse al dominio monárquico, feudal y tiránico, que se expresaba en la autoridad absoluta del rey y de los señoríos de los terratenientes. Pero conforme se fue asentando y consolidando el ré­gimen dominante de los burgueses, afianzando el capitalismo como sistema económico, social y político, esas concepciones sólo sirvieron para afirmar el capital, el dominio del Estado republicano, las nuevas relaciones de clase.

La burguesía ha tratado siempre de presentar sus propues­tas como provenientes de los "principios eternos" del derecho natural, de modo que la ideología y la política burguesas, desde un inicio, se cubren de un ropaje supuestamente "avanzado" y al parecer, científico; proclaman sus ideas y concepciones como "naturales", que se justifican por el carácter propio de la exis­tencia humana.

La propiedad privada, por ejemplo, ha sido mostrada como producto de los grandes esfuerzos y la perseverancia, de la hon­radez, de la iniciativa creadora y de la capacidad de los posee­dores, de los dueños de la misma en este sistema capitalista y en los anteriores, en donde han habido propietarios; para nada, ni en el análisis económico, ni en las visiones políticas, como tampoco en la historia, se ha reconocido el papel de las masas trabajadoras en la generación de la riqueza, en la sustentación que le han dado con su trabajo a los sistemas de dominación.

Debido al "esfuerzo honrado" de los grandes capitalistas, se ha sostenido y sostiene que es enteramente legítima la defensa y la preservación de la propiedad privada con todo el "peso de la ley", poniendo como el guardián de la misma al propio Es­tado, al poder político y para garantizar la defensa de los pa­trimonios, entra en la escena la llamada "fuerza pública", militar y policial, quien jugará el papel dirimente en las confrontaciones sociales, a favor de los propietarios contra los tra­bajadores y los pueblos, usando la violencia propia del sistema, recurriendo a las armas...

Del mismo modo, el sistema sostiene y defiende como un axioma o argumento que no requiere demostración, de que "todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley" y que también "la libertad individual es la que disfrutamos todos los seres humanos en el régimen capitalista, que se asienta (supuestamente, Nota del autor -NdA) en la racionalidad y la justicia".

Según esas mismas concepciones del arsenal de la burguesía, de sus sostenedores y apologistas, se sustenta la visión de la existencia del "ciudadano" con derechos inembargables e irrenunciables; los "derechos de ciudadanía" y su custodia, como la "base de una democracia no formalista y acorde con los principios de la tradición liberal occidental", etc. (Danilo Zolo: "La ciudadanía en la era postcomunista" Università di Firenze. La Política. Pág117. Ed. Paidos Barcelona 2002)...

El derecho burgués y su legalidad, los fundamentos de la sociedad capitalista, tienen como un principio, que el Estado no es sino la expresión jurídica y representativa de todos los miembros de la sociedad; últimamente, en nuestro país se dice reiteradamente en la propaganda oficial que el Estado incluso es "de los ciudadanos" y que juega el papel de "amortiguador" o "mediador" en los conflictos o controversias de las personas (dígase mejor, de las clases sociales antagónicas que existen en el seno de la sociedad capitalista, principalmente de la burguesía, frente al proletariado y a las demás clases trabajadoras).

"La idea de ciudadanía parece ser capaz de llenar el vacío teórico y político —la melancolía democrática— que varios autores veían como la penosa consecuencia de la caída de la utopía comunista..." (obra citada).

Es decir, que para los autores burgueses, para ciertos partidos políticos y gobiernos, como el de Correa, a partir de la sus­tentación de la "ciudadanía", se está hablando de la igualdad social, de un sistema político democrático sin formalismos; en suma, de la superación de las diferencias de clases, de la injusticia y la discriminación, dentro de las propias fronteras del capitalismo, con arreglo a determinadas reformas económicas, políticas, legales, principios constitucionales, etc. que sin al­terar la esencia del sistema económico, social, sirvan para engañar a las masas trabajadoras, adormecer su conciencia proclamando incluso la "revolución ciudadana", para eliminar -supuestamente— las aspiraciones de cambio, reemplazando la revolución social con las reformas.

Vale al respecto recordar lo que se decía, que con la venida del capitalismo, según sus defensores: "la superstición, la injusticia, el privilegio y la opresión serían desplazados por la verdad eterna, por la eterna justicia, por la igualdad basada en la naturaleza y por los derechos inalienables del hombre como ciudadano (...). Hoy sabemos que aquel Reino de la Razón no era más que el Reino de la burguesía idealizado; que la "jus­ticia eterna", encontró su realización en los tribunales de la burguesía; que la igualdad desembocó en la igualdad burguesa ante la ley; que como uno de los derechos más esenciales del hombre, se proclamó la propiedad burguesa". (F.Engels "Anti Dühring" pág. 30. Edic. Pueblos Unidos. Uruguay)

¿Quiénes sustentan y a quiénes sirve el concepto de la ciudadanía?

El tema de la "Ciudadanía" ha vuelto a colocarse en la palestra como "el debate contemporáneo", que sirve de sustento para muchos autores burgueses, filósofos y sociólogos, políticos y publicistas, tanto neoliberales, como socialdemócratas, reformistas y revisionistas, que han vuelto a agitarlo desde sus respectivas trincheras, considerándolo como "una verdadera explosión" (...) ya que "el concepto de ciudadanía está íntimamente ligado, a la idea de derechos individuales y la noción de vínculo con una comunidad particular" (Kymlicka - Norman. Uni­versidad de Ottawa "El retorno del ciudadano", Cuadernos del CLAEH. Montevideo 1998).

Estos enunciados aparecen como propuestas actuales, renovadas, acorde con los cambios y los tiempos, reivindicativas de los derechos humanos y las libertades públicas, planteando como el "papel de la sociedad civil" y "de los ciudadanos", su participación en las decisiones trascendentales de los Estados y gobiernos. Pero dichas propuestas se quedan en ello, porque el carácter mismo de la sociedad capitalista, ahora sumida en la globalización y el neoliberalismo, ha tornado más opresiva y excluyente el carácter de esa sociedad.

Quienes despliegan estas tesis y propuestas novedosas, van desde los organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, la UNESCO, etc. Estos personajes se recubren de todo un léxico "civilizado", "racional" y lleno de adjetivos supues­tamente avanzados sobre "democracia", "derecho humanita­rio", erradicación de la "exclusión", "combate a la pobreza", etc. para llevar adelante sus políticas que favorecen a los círculos del capital financiero y los monopolios; para engañar a la gente y legitimar sus designios imperialistas.

Casi todos los gobiernos de los países capitalistas desarro­llados, los parlamentos de los países ricos y sus agencias, di­funden estas concepciones y sin duda, hallan bastante eco en los políticos y gobernantes de los países atrasados, dependientes, fundaciones y ONG 's en la actualidad, que van de la mano de las corrientes del pensamiento político burgués en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia, etc.

"El pensamiento conservador y neoconservador de nuestro tiempo, vuelve anacrónicamente al liberalismo clásico, ha­ciendo tabla rasa de las experiencias políticas y sociales de los últimos dos siglos, para forjar un sistema político elitista y excluyente que, en el discurso promete la "profundización de la democracia", pero que, en la realidad, establece miseria, explotación y marginación para la gran mayoría de los seres humanos. (Orietta Caponi, Venezuela. "La construcción de una democracia no liberal". 2005).

Es decir, que sin bien el neoliberalismo, cuya preocupación central es el mercado, la salvaguarda y la ampliación de la propiedad privada, la voracidad por las ganancias y el culto del individualismo, no deja de blandir a través de sus principales voceros —como Obama, Berlusconi o Sarkozy— la defensa de la "democracia", de los "derechos de los ciudadanos", de los "de­rechos individuales" y "civiles", por supuesto teniendo en cuenta que la base de toda esa institucionalidad tiene su punto de partida en el derecho de propiedad de los capitalistas y de los monopolios.

Dicho discurso del imperialismo y sus voceros, encierra un proyecto político propio, que es la legitimación de sus designios opresores y dominadores, orquestados en una maquinación perversa que tiene el propósito de generar una pantalla virtual o una vitrina en la que se proyecten esos paradigmas supuestamente humanitarios, democráticos, reducidos a esquemas formales, para justificar la política de agresión y de guerra librada en contra de la humanidad por las potencias imperialistas, acaudilladas por el régimen estadounidense.

En el escenario real, mientras se habla del "derecho de ciudadanía" como el pilar en que se asienta el sistema político de la "democracia liberal", "igualitaria" y justa", en los propios países imperialistas y en las distintas regiones del mundo se sostienen o redoblan las condiciones materiales para el be­neficio de los monopolios; se fomenta la dispersión social, la xenofobia y el racismo, el indiferentismo, el hedonismo, el predominio de élites gobernantes corruptas, la exclusión y marginación de las personas, grupos sociales, regiones o paí­ses más pobres, al tiempo que las políticas del Estado apuntan al recrudecimiento de la represión y el carácter policial del mismo.

Para justificar todas esas desigualdades e injusticias, se amplifican las proclamas de "libertad", "democracia", "justicia" e "igualdad" con las que quieren encubrirse quienes representan exactamente la negación absoluta de dichos principios.

Toda la historia de anexiones, guerras de conquista, crímenes, intervención y escalada genocida del imperialismo se lo ha hecho para "defender", "salvaguardar" y "propagar" la democracia de los ciudadanos del mundo, los famosos principios de "libertad", "derechos humanos" y la "paz mundial".

Ello muestra que la "democracia" y todas las demás concepciones sobre el "Estado" o la "ciudadanía" jamás deben entenderse —y menos para los trabajadores, los pueblos y los revolucionarios— como entidades que se hallan al margen de las condiciones históricas concretas y al mismo tiempo, que res­ponden a los intereses de una clase u otra.

V.I. Lenin, el gran dirigente de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, decía que uno de los problemas sobre los cuales los ideólogos y dentistas sociales de la burguesía, los filósofos y sociólogos de las clases dominantes han echado más sombra y lodo para embrollarlo, era la cuestión de la naturaleza y las funciones del Estado, ello porque toca los intereses vitales de las clases. Y afirmaba con precisión:

"El Estado es una organización especial de la fuerza, es una organización de la
violencia para la represión de una clase cualquiera (...) Las clases
explotadoras necesitan la dominación po­lítica para mantener la explotación,
es decir en interés egoísta de una minoría insignificante contra la mayoría
inmensa del pueblo. Las clases explotadas necesitan la dominación política para
destruir completamente toda explotación, es decir, en in­terés de la mayoría
inmensa del pueblo contra la minoría insignificante (los terratenientes y
capitalistas). (V.I. Lenin "El Estado y la Revolución" Moscú
1976.)

La cuestión de la Ciudadanía en el escenario actual

La "teoría de la ciudadanía" —como decimos— ha sido nue­vamente lanzada a la palestra como principal propuesta de los sectores de la burguesía en la versión socialdemócrata y reformista; ciertas formaciones revisionistas, recicladas a las nuevas condiciones que se viven actualmente también "han tomado partido" con las supuestas concepciones renovadoras que ofrece la "ciudadanía"; en otras latitudes, es la enseña de sec­tores de la pequeña burguesía.

En el caso de los círculos políticos y académicos de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá, la exposición más influyente y difundida que se presenta en la actualidad es la concepción de ciudadanía, planteada desde 1949 por el sociólogo británico Thomas Humphrey Marshall (1893 — 1981), principalmente en su obra "Ciudadanía y Clase Social". Esos conceptos han sido también desarrollados por otros sociólogos como Anthony Giddens (sociólogo inglés 1938, autor de la "Tercera Vía" y del intento de renovar a la social-democracia) J. M. Barbalety David Held.

Según T. H. Marshall, la ciudadanía "consiste esencialmente en asegurar que cada cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales. La manera de asegurar este tipo de pertenencia consiste en otorgar a los individuos un número cre­ciente de derechos de ciudadanía". Estos derechos —según Marshall— comprenden los derechos civiles, políticos y sociales y que aparecen, en los siglos XVIII, XIX y XX, respectivamente. (T.H. Marshall: Ciudadanía y Clase Social 1965). Los derechos so­ciales son, por ejemplo, la educación pública, la asistencia de salud, los seguros de desempleo y las pensiones jubilares.

Para que la "ciudadanía" pueda afirmarse —según esos con­ceptos— hay que entender que los derechos civiles parten de considerar una derivación directa de la libertad individual pues lo que "el Estado necesita de la ciudadanía no se puede obte­ner mediante la coerción sino solamente por medio de la cooperación y el autocontrol en el ejercicio del poder privado".

"El concepto y la realidad de la ciudadanía son dos de las fuerzas motrices de la era moderna. La reforma política en cada uno de estos dominios puede modificar los aspectos más negativos de la desigualdad económica y puede por consiguiente, hacer que el sistema capitalista moderno sea más ecuánime y justo, sin recurrir a la acción revolucionaria" (T.H. Marshall, obra citada).

"(...) las desigualdades de clase derivadas del sistema de mercado capitalista se pueden moderar en cierta medida, los excesos de las desigualdades se pueden mitigar por medio de desarrollo exitoso de los derechos de la ciudadanía democrática. La ciudadanía puede remodelar el sistema de clases" (obra citada)

Quienes se adhieren, difunden y exhiben actualmente estas propuestas ideológicas y políticas, se reputan así mismos de una visión más humanista y avanzada en diversos sectores de opinión, levantándose como una supuesta alternativa frente a las rígidas y reaccionarias posiciones neoliberales, que han eliminado, reducido o desnaturalizado los derechos humanos, sindicales, de la mujer, de los pueblos originarios, las etnias indígenas, al mismo tiempo que las libertades pú­blicas, en general.

Sin embargo, conviene tener en cuenta una serie de elementos esenciales para el debate y esclarecimiento de estas cuestiones —efectivamente actuales— en el momento que vivimos en el Ecuador y América Latina.

Se plantean estas tesis como supuestamente "nuevas", y se habla de "la ciudadanía" como el símil de la igualdad, aunque ninguno esos autores explica de qué modo se puede lograr esa igualdad, en una sociedad capitalista actual, en donde se desbordan los intereses mezquinos de los poderosos, las acciones agresivas de los monopolios en la "salvaje" competencia y todas las medidas políticas, económicas de los gobiernos que representan y defienden esos intereses.

De este modo, al proclamarse la ciudadanía y la vigencia de los derechos económicos, políticos y sociales que nos hacen "iguales", se intenta describir una ficción de sociedad, como si los "ciudadanos" (sea en su condición jurídica o sea en el sen­tido de pertenecer a una sociedad determinada) se pudieran abstraer o enmascarar como pertenecientes a una clase social u otra, para barnizarse del concepto de "ciudadanos iguales". Como si la condición jurídica de ciudadanos o el sentido de pertenencia a una comunidad determinada, pudiese terminar con sus concretas condiciones económicas, sociales y políticas. Como si los ciudadanos ecuatorianos Joyce de Ginnatta, o Noboa Pontón, podrían igualarse a un sencillo obrero, un modesto cam­pesino o indígena, un profesor o un pequeño comerciante...

Estos planteamientos vienen en sus esencias de las viejas concepciones, ahora remozadas, de los clásicos filósofos, economistas, sociólogos, políticos y publicistas idealistas, liberales y burgueses.

Las fuentes originarias de estas supuestas "nuevas" teorías

Vale analizar cómo fue construida históricamente la demo­cracia liberal: "de", "por" y "para" los propietarios, en de­fensa de sus intereses y en donde la esfera de la propiedad privada —según sus concepciones— constituye un ámbito que el individuo debe defender por derecho y deber, e impedir cual­quier tipo de intromisión externa, que en suma pueda controlar, limitar o poner en peligro aquellos medios de producción que le sirven para generar riqueza.

La democracia liberal ha sido siempre elitista, individualista, excluyente y oligárquica; por ello, Adam Smith (1723-1790. Economista inglés, el más grande representante de la economía política clásica burguesa) afirmaba que el gobierno civil ha sido instituido "para realmente defender al rico del pobre o a quienes tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna". (Adam Smith "La riqueza de las naciones" México 1990).

Por ello es que, durante mucho tiempo (siglos XIX y parte del XX), los gobernantes y pensadores burgueses, se opusieron tenazmente al sufragio universal y si lo aceptaron a regañadientes, buscaban "establecer condiciones de propiedad tanto para ser electores, como para ser elegidos", o bien esta conquista pudo ser ganada por la lucha de los trabajadores o elementos avanzados en la sociedad. (Constant B. Principios de Política cit. Propuesta comunista. Madrid 1991).

Desde la Francia de la Ilustración, que dirigía sus fuegos contra la superstición, el oscurantismo y los privilegios de los señores feudales, desarrollaba un intenso anticlericalismo, a la vez planteaba la consagración teórica —y después con la revo­lución, la consagración práctica— de cuestiones como la pro­piedad privada, a la que se consideraba "sagrada e inviolable" y la proclamación de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789).

Sin embargo, la Constitución de 1791, pese a esas Declaraciones, siguió manteniendo el carácter hereditario del poder real y dividiendo a los ciudadanos en "activos" y "pasivos" respecto del ejercicio del derecho electoral; por ejemplo, de acuerdo como poseyeran o no, y en determinado volumen, los bienes materiales. Es decir, los ricos, los poseedores de for­tuna, eran los "ciudadanos activos", por ello podían ejercer el derecho al voto, elegir y ser elegidos; los pobres, los desheredados de la fortuna, los parias, eran los "ciudadanos pasivos", sin derechos, sin la capacidad de elegir y menos de ser elegidos, con lo cual "la igualdad ante la ley", no pasaba de ser una simple declaración lírica, cuanto no un engaño perverso hacia los explotados...

Se sostenía, por entonces, que "toda sociedad sólo puede ser obra de un convenio libre entre sus miembros" pero que a la vez "sólo los ciudadanos que abonan impuestos como accio­nistas de una gran empresa social, deben hacer uso del derecho electoral" (Parlamentario Sieyés, uno de los principales representantes de la Constituyente francesa).

En la fundamentación de todas estas teorías sobre la socie­dad, el Estado y el derecho, que le sirvieron de soporte a la gran burguesía, está centralmente el pensamiento filosófico y político de Emmanuel Kant (1724 — 1804) quien se constituyó en el progenitor del idealismo alemán de fines del siglo XVIII y principios del XIX.

"El Estado, según Kant, es el resultado de un convenio en el cual todos renuncian a su libertad natural (individual, NdA.) para gozar ésta en calidad de miembros del mismo". Por tanto, es la unión de un mayor o menor número de personas bajo la acción del derecho, siendo el Estado "una organización pura­mente jurídica, en la cual tienen derechos políticos sólo los "ciudadanos activos", es decir aquellos propietarios de bienes patrimoniales y no los "ciudadanos pasivos", entre los que cuenta a los obreros, a los oficiales medios de la artesanía, a las mujeres, a los sirvientes y en general, a todos los que tra­bajan bajo las órdenes de otros."

Al Estado le corresponde colocar impuestos a la propiedad, para así protegerla y por eso, para su defensa es necesaria la policía, que a más de la seguridad pública debe vigilar por la fe­licidad social hasta los umbrales mismos del domicilio". (Cit. "Historia de las Ideas Políticas" pág. 291 ss. Grijalbo. México)

Concibe el desarrollo de la historia como el desarrollo de la libertad humana y la equidad en las relaciones internacionales, comprendiendo los fines del género humano, pero tal es­tructura concordante con la razón, no puede llevarse a efecto mediante una revolución violenta, sino por el curso, sujeto a leyes, de la evolución paulatina.

"La vía del desarrollo, de acuerdo a la razón, no es la revo­lución, sino la evolución", (op. cit. pág. 294).

Estas ideas permiten esclarecer la verdadera posición que el "ciudadano" tiene frente al poder civil, frente al Estado; es decir, una situación diferente y diferenciada, que no la resuelve la famosa proclama burguesa de la "igualdad ante la ley". Esa diferenciación está dada por la manera cómo se halla organizada la sociedad, que ubica a unos individuos como propietarios de la riqueza, de los principales medios de producción y por lo tanto, como detentadores del poder y a otros, como ca­rentes de los medios de producción principales, subordinados al poder político y a la dominación de clase.

Mientras esta diferenciación no desaparezca, no desapare­cerán la desigualdad, la injusticia, la exclusión, por más que los gobernantes, o los políticos burgueses o pequeño burgueses extremen sus discursos y su demagogia, hablando de la posibilidad de que en el capitalismo sea posible erigir una "sociedad de ciudadanos iguales" o como dice el gobierno de Correa que "la Patria ya es de todos", o en un repetido "spot" de la TV: "el poder lo tienes tú"...

Vale repetir entonces, que los comunistas, los revolucionarios, no nos hemos "inventado" la división de la sociedad en clases sociales, la diferenciación de las mismas y la constante confrontación entre ellas; la concepción objetiva de que el poder político ha sido y es —cada vez con más claridad— la ex­presión de la dominación de las clases dominantes...

El discurso socialdemócrata y reformista actual, no ha de­jado las ideas esenciales de esas viejas teorías; insiste en ubicar a los llamados "derechos ciudadanos" como la expresión de la justicia, como el camino para instaurar una sociedad de "derechos plenos", "equitativa" y "civilizada".

Pero es indispensable mirar cómo la propia sociedad capita­lista, por su naturaleza, los intereses y ambiciones de las clases y los grupos dominantes, levanta una visible frontera que limita, frena y algunos casos elimina esos derechos. Por ejemplo, se otorga el derecho al voto a los "ciudadanos" para elegir a sus mandatarios, pero no se permite disentir a través de caminos di­versos, con una política tal o cual de los gobernantes y menos a participar activamente en las decisiones nacionales.

Se busca —como es el caso del actual régimen del Presidente Correa— una participación de algunos individuos, o personas de excepción, en determinadas instancias del poder, haciendo de ello toda una ponderación, que supuestamente ya es la "democracia participativa", pero las personas designadas por el llamado sistema de la "meritocracia", no tienen en la mayoría de los casos, siquiera un compromiso gremial o sectorial, una representatividad de organizaciones sociales o de comunida­des, etnias o sectores, sino sólo la afinidad o en otros casos la docilidad con el gobierno. Eso ha sucedido por ejemplo, en los organismos de "participación ciudadana", en la regionalización que se empuja, sin ninguna consulta; o en la composición de los organismos dirigentes para las universidades, la autoridad para la solución de los recursos hídricos, la administración de los recursos mineros, etc.

Por ello muy bien podemos afirmar que la universalización de los derechos, y la aplicación rigurosa de los preceptos cons­titucionales avanzados, no son posibles en una sociedad de cla­ses como el capitalismo y no hay democracia verdadera en las iniciativas o acciones que asume la política burguesa.

Cuando recrudece la movilización y la lucha de los pueblos por sus reivindicaciones y conquistas sociales y políticas, en la búsqueda de cambios sustanciales en la vida de la sociedad; cuando se ensancha y dinamiza la tendencia democrática, progresista y de izquierda protagonizada por los trabajadores, los indígenas, la juventud, las mujeres y los pueblos, ahí es donde se intenta implantar estas visiones ficticias y perversas respecto de que la sociedad actual debe erigirse "sobre el concepto de la ciudadanía", que supuestamente establece, ciudadanos "iguales ante la ley; iguales para el goce de los derechos económicos, políticos y sociales"; "iguales en una sociedad igualitaria, democrática, donde se ha erradicado la división clasista, del odio de clases y donde se ha abierto la posibilidad de conseguir los cambios de modo pacífico"...

¿Cómo se adecúa este pensamiento en la realidad del ecuador?

Estas visiones y elaboraciones que se las difunde, como en el caso del Ecuador, por parte del propio Presidente Correa y su gobierno, se las propagandiza todos los días a través de poderosos medios de difusión al servicio del mismo gobierno, intentan convencernos de que estamos viviendo "un cambio de época", una "irreversible revolución ciudadana", "un socia­lismo siglo XXI" y que para todo ello sólo ha bastado que el pueblo apoye y continúe haciéndolo, todas las iniciativas del régimen, sin necesidad de "intermediarios" (léase organizaciones sociales populares y políticas), sólo confiando en las ejecutorias del Primer Mandatario quien es el "elegido" para decidir por las mayorías y en beneficio de ellas.

Entonces, la "revolución ciudadana" consiste en realizar algunas reformas legales, económicas, tributarias, vía Constitución; aprobar unas nuevas leyes en las cuales se tratan de incorporar reformas que lesionan derechos fundamentales de los trabajadores, consagrados internacionalmente, como el de organización, contratación colectiva, reclamo y huelga, (ahí está el Decreto 1701, la Ley de Empresas Públicas y otros instrumentos); leyes que afectan derechos de organización, de defensa profesional y de representatividad de los maestros, así como elementos sustanciales de la educación; otros que lesionan la autonomía universitaria, la gratuidad de la enseñanza, la representación gremial en las decisiones de los Centros de Educación Superior, el cogobierno universitario; los derechos eco­nómicos de los jubilados, de los trabajadores tercerizados, etc. Tratando todo ello de adornarlo con las frases repetidas hasta el cansancio de que "la revolución ciudadana está en marcha" o de convencer que "el poder está en tus manos" (refiriéndose a la gente sencilla), o que "la Patria ya es de todos"...

Al mismo tiempo, se empaqueta en la categoría de la "revolución ciudadana", el incremento del "bono de la pobreza" a 35 dólares; el desayuno escolar; la entrega del "kit agropecuario" en algunas comunidades campesinas; o el reemplazo de los "focos ahorradores" por los incandescentes; la venta de la urea con precio subsidiado o la gratuidad en la atención hospitalaria; que si bien constituyen algunos beneficios para la gente pobre, se trata de inducir a que eso es la "revolución", mientras que los grandes privilegios de la oligarquía y el beneficio a los monopolio internacionales, en el petróleo, la minería, el pago de la deuda externa, sigue latente.

En medio de esa prédica de los "derechos ciudadanos", de la "revolución ciudadana" y del "socialismo Siglo XXI" —que podría verse superficialmente hasta como útil para oponerse a la derecha y el neoliberalismo— se están desnaturalizando o deslizando en el seno del movimiento de las masas trabajadoras y en la izquierda, ciertas concepciones extrañas, que corresponde señalarlas, criticarlas y contraponerlas desde el punto de vista de clase, para impedir que generen confusiones, ter­giversaciones o ilusiones que serían —cualquiera de ellas— nocivas y fatales, para el desarrollo del movimiento revolucionario de los trabajadores y de los pueblos, tanto en el Ecuador, como en escala internacional.

Estos elementos que los hemos esbozado en el presente artículo, constituyen según nuestra opinión, un cuestión de principios alrededor de la cual la ideología del proletariado, el marxismo leninismo, debe desplegar una dura batalla ideológica, política, en la acción directa con las masas trabajadoras, en los ámbitos del debate y la fundamentación teórica, en la propaganda, para afirmar las posiciones de clase. Con respecto a estas tesis de la "ciudadanía" y de la "revolución ciudadana" se presenta un nuevo escenario para nuevas batallas en el campo de la teoría, de las concepciones políticas y de la prác­tica social, frente las corrientes de derecha, desarrollistas, reformistas y revisionistas.

Octubre 2009.

* Tomado de: Política Revista Teórica del Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador. Edición Nº 25 . Noviembre 2009