viernes, 15 de febrero de 2008

Pronunciamiento desde el Cusco.


Comité Regional Túpac Amaru II

FRENTE AL ENTREGUISMO Y EL AUTORITARISMO DEL GOBIERNO APRISTA PREPARAR LA RESPUESTA POPULAR


Otra vez mas los representantes apristas coludidos con unidad nacional y el fujimontesinismo, en el congreso de la Republica se han puesto de espaldas a la realidad del país, al no derogar en segunda votación las nefastas y cuestionadas leyes que pretenden liberalizar las concesiones a grandes transnacionales para enriquecerse con nuestro patrimonio histórico –cultural, demostrando con esta actitud que no respetan la soberanía popular ni la opinión de las instituciones representativas de la sociedad regional.
Si el gobierno aprista, que dice ser el “partido del pueblo”, ni siquiera reivindica la Constitución burguesa de actual vigencia, en relación a la defensa del patrimonio cultural de la nación, al pueblo peruano lo que le espera es mayor entreguismo, autoritarismo y corrupción, y es por ello que debemos preparar la resistencia popular y alzar a las masas populares a la lucha consecuente en defensa ya no solamente por sus aspiraciones materiales sino por su propia identidad y dignidad.
Ha llegado el momento de definiciones, No podemos seguir con posiciones ambivalentes y oportunistas que solo buscan la conciliación por la vía del “dialogo”, pues el partido de gobierno es experto en temas de dilación y maniobra, es responsabilidad de las organizaciones de izquierda que tienen presencia en las organizaciones populares saber orientar la lucha, porque la razón esta de nuestro lado.
Cualesquiera que sea la decisión de los órganos de dirección popular, FDTC, Asamblea Regional, Frente de Defensa del Patrimonio, tiene que estar bien direccionado, felizmente se cuenta con una Plataforma de lucha regional y tenemos al lado un pueblo que se resiste a vivir de rodillas frente a la desenfrenada política abiertamente pro imperialista del gobierno aprista, que esta empeñado en otorgar carta libre a la voracidad de las empresas transnacionales, con el cuento de la globalización y las supuestas ventajas de “desarrollo y bienestar” para los pueblos llamados sub desarrollados.
Nuestro Partido, se reafirma en trabajar por la construcción de una alternativa democrática, antiimperialista y popular, cuyo sustento jurídico-político sea una nueva constitución para que el futuro se refunde la república sobre bases nuevas, de carácter patriótico y socialista, en esta orientación debemos de trabajar junto a todas las fuerzas populares dispuestas al cambio que exige el país, al mismo tiempo que convocamos a los trabajadores del campo y de la ciudad, a los maestros, intelectuales, jóvenes y todos loa sectores del pueblo cusqueño a cerrar filas en el combate hasta lograr los objetivos planteados por la FDTC, la Asamblea Regional y el Frente de Defensa del Patrimonio y en función de su plataforma de lucha y el Acuerdo del Cusco.
Nuestro pueblo exige la unidad más amplia, organicemos y concienticemos a todas las fuerzas dispersas para enfrentar a los gobernantes neoliberales que no darán tregua, ni concesión. Sin luchas, no hay victorias. Gran unidad para un Gran cambio: para llevar al pueblo al gobierno y al poder. Construir Una Nueva república, con nueva constitución política. En esta tarea, debemos estar todos los que reclamamos ser patriotas, demócratas, honestos, esa gran parte del pueblo expoliado y excluido. Que las diferencias parciales o los intereses mezquinos no impidan abrir un nuevo camino para el Perú. En esta importante tarea los trabajadores tienen un gran compromiso.
Reiteramos a los militantes, amigos y simpatizantes, a todos los trabajadores y pueblo cusqueño, impulsar y acatar todas las luchas activamente, exigiendo la derogatoria de estas nefastas leyes y el cumplimiento del Acta del Cusco, así como la plataforma de lucha impulsada por la gloriosa F.D.T.C.

¡¡¡ VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO CUSQUEÑO !!!

¡¡¡ NO AL ENTREGUISMO PRIVATISTA DE NUESTRO PATRIMONIO !!!


Cusco, 14 de Febrero del 2008

CRTA-II del PC del P Patria Roja

Pronunciamiento del SUTEP


SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN DEL PERÚ SUTEP
PRONUNCIAMIENTO
CONCURSO PARA NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS NO GARANTIZAN LA CALIDAD NI TRANSPARENCIA

El Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP se dirige al magisterio nacional, padres de familia y al pueblo peruano en general, para manifestar lo siguiente:
El magisterio, desde hace mas de 5 años, ha venido exigiendo se cumpla con convocar a concurso publico para cubrir todas las plazas docentes presupuestadas en el marco de la Ley del profesorado, no sólo para nombrar e ingresar a la carrera, sino para el ascenso. Los gobiernos sucesivos se negaron a ello, con el pretexto de “falta de previsión presupuestal”, y otros argumentos falaces para justificar el inhumano y precario sistema laboral de contratos conforme a las políticas neoliberales y la corrupta práctica del clientelaje, chantaje, y negociado de dichas plazas por las autoridades y funcionarios de la administración educativa.

Hoy, en medio de una abusiva campaña mediática, está en proceso un concurso de nombramiento e “ingreso” a la carrera bajo los alcances de la antimagisterial Ley Nº 29062, sin la totalidad de plazas, escondiendo miles de ellas mediante los consabidos y nada claros “convenios”, excluyendo ilegal y prepotentemente a quienes no se sometieron a la politiquera “Evaluación Censal” y negando arbitrariamente la presencia fiscalizadora del sindicato como ordena la Ley de Educación y la del profesorado, con la clara intensión de manipularla a favor del mejor postor y los del partido de gobierno.

Estamos ante una evaluación cuyos criterios, instrumentos y procedimientos no garantizan la calidad e idoneidad; pues, se quiere imponer otra vez exámenes “estandarizados” en un porcentaje mayor al 50 % de las capacidades, conocimientos y habilidades del maestro y maestra, ignorando deliberadamente que la formación magisterial esta compuesto por diferentes áreas y contenidos del nivel y la especialidad como en toda profesión. Lo que sumada al subjetivismo de la antitécnica prueba psicológica universal, la entrevista personal, etc. Configura la maniobra perfecta para satanizar otra vez al magisterio, encubrir la responsabilidad del gobierno en la crisis; el clientelaje y la escandalosa improvisación, ignorancia e insensibilidad centralista en la oportunidad del concurso que, dejará desatendido a miles de niños en el inicio de las clases, así como, en el procesamiento de los resultados que , en plena era de la informática y las tecnologías de punta obligará a que miles de maestros permanezcan en larga espera en las capitales regionales lejos de sus domicilios de origen con un costo oneroso de desplazamiento y estadía del maestro.

“TERCIO SUPERIOR”, ARBITRARIEDAD LEGAL, DEMAGOGIA CON LA CALIDAD Y ENCUBRIMIENTO DEL CLIENTELAJE EN LOS CONTRATOS

Demostrando que su interés no es superar la crisis, mejorar la calidad de la educación ni la calidad de la formación y el desempeño magisterial, sino tender cortinas de humo y encuestas de imagen, el MED saco de la manga el llamado “tercio superior” como formula mágica para garantizar la calidad de los maestros a ser contratados y tener derecho a ejercer la docencia. Con ello convierten los títulos pedagógicos otorgados a nombre de la nación en una estafa perpetrada por las instituciones académicas que las expidieron (Universidades y ISP) y, por consiguiente, se debería normar que titulen sólo a sus estudiantes del discutible “tercio superior” y no en base al conjunto de requisitos que cumple todo estudiante fijados por la Ley y las estructuras curriculares respectivas.

La arbitrariedad y la demagogia que no hace evidente aun, si tenemos en cuenta que en el actual sistema de formación magisterial tanto en universidades como en los pedagógicos, públicos y privados , varían los criterios de calificación ,las condiciones y calidad entre unas y otras, por lo que los parámetros para fijar “el tercio superior” no son los mismos. La calidad y el nivel de preparación entre titulados en el tercio superior no es ni por asomo igual, ni equivalente en capacidad profesional entre una institución y otra. Este “requisito” no es nada técnico, legal ni ético; es pura demagogia, amén que nada garantiza que los comprendidos en el mentado tercio superior, de por si sean en la práctica pedagógico-educativa los mejores profesionales.

El concurso de selección pertinente, transparente justo debe ser el único filtro selectivo para el ingreso y el ejercicio laboral profesional. Todos los titulados a nombre de la nación están habilitados para desempañarse como profesionales y tienen el derecho a la igualdad de oportunidades para aspirar a una plaza de trabajo; nadie puede discriminarlo ni excluirlo mediante cortapisas inconstitucionales y no contempladas en otras leyes.

Esta agresión, es también una afrenta a las universidades e institutos superiores pedagógicos. Todos ellos deben pronunciarse y defender sus fueros; no pueden quedarse callados, por que su silencio solo revelaría complicidad, suicida asociación en el negocio de las seudo capacitaciones y deplorable aprovechamiento con las “certificaciones del tercio”; aceptación explicita que han titulado a ineptos y reconocimiento de que la formación que dieron fue una estafa. El magisterio a nivel nacional les reclama un pronunciamiento firme y claro, como lo viene haciendo la mayoría de universidades de la amazonia (UNAP- Iquitos, etc.), así como saluda la firme determinación de la mayoría de los Gobiernos Regionales (San Martín, Loreto, Junín, Lambayeque, Arequipa, Cuzco, Puno, etc.) que no se han sometido al imperio de la mediocridad, arbitrariedad y han emitido importantes y justas Ordenanzas Regionales en el que no excluyen a ningún maestro a tener el derecho de postular a un puesto de trabajo y desde luego a hacer prevalecer las leyes y el estado de derecho.

El SUTEP y sus diversos escalones han presentado los recursos de amparo y demanda que el juzgado civil de lima y varios del interior del país respondan en lo inmediato en defensa del titulo profesional, del derecho de igualdad de oportunidades y el estado de derecho. Y en ese mismo sentido exige que los derechos conquistados y contenidos en la ley de profesorado sean respetados, en tanto ellas no han sido derogadas, tal el caso al derecho a reasignaciones por las diferentes razones establecidas y particularmente el de salud, así como la vigencia del procedimiento de ingreso a la carrera bajo las condiciones normadas por esta y que hoy están siendo atropellados por el gobierno amparándose en el proceso de nombramiento y la imposición ventajista y de facto de la “nueva” CPM.

Lima, febrero del 2008

¡NO A LA POSTERGACIÓN DE LA EDUCACIÓN!

¡NO A LA IMPROVISACIÓN Y DEMAGOGIA CON EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS!

¡NI UN ALUMNO SIN MAESTRO, NI UN MAESTRO DE CALIDAD, SIN DERECHOS Y ESTABILIDAD!


COMITÉ EJECUTIVO NACIONALCEN SUTEP

“Criterio del ‘tercio superior’ no es idóneo para escoger a los mejores”

JAVIER DE BELAUNDE. Constitucionalista reconoce la competencia del gobierno central para fijar las políticas sectoriales, pero cuestiona método de evaluación para contratar a maestros.





Inés Flores [Entrevista Diario La Republica 13/02/08].

El gobierno central impone una norma que permite contratar como docentes solo a quienes obtuvieron el tercio superior, pero los presidentes regionales anuncian que no acatarán tal medida porque la evaluación está dentro de su competencia. ¿Quién tiene la razón en este conflicto?
Creo que aquí hay que diferenciar cuestiones de forma, en el sentido de quién es competente para regular la educación en el Perú, y si pueden los gobiernos regionales desconocer los decretos del Poder Ejecutivo.




¿Y a quién le compete?
Es claro que al Poder Ejecutivo. Se debe tener en cuenta que en la sentencia (expediente 0047-2004-AI) del 24 de abril del 2006, el Tribunal Constitucional ya se pronunció a propósito de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el gobierno regional de San Martín contra el Congreso de la República, sobre una ley que facultaba el nombramiento de los profesores aprobados en concurso público.




¿Y qué vinculación tiene ese fallo con el reclamo actual?
El TC declaró infundada la demanda del gobierno regional, y en la sentencia desarrolló toda la competencia relativa a la regulación de la Educación: En el fundamento 148 dice que al gobierno nacional, mediante el Ministerio de Educación, le corresponde fijar las políticas sectoriales en materia de personal, incluido el personal docente, así como implementar la carrera pública regional; también, que a los gobiernos regionales les corresponde el proceso de evaluación e ingreso del personal docente atendiendo los requerimientos de cada institución educativa. Si el DS 004 del 2008 es uno que fija políticas sectoriales, entonces esto es una competencia del gobierno nacional tal como lo ha establecido el TC.


¿En el ordenamiento legal qué implica un desacato a este decreto por los gobiernos regionales?
Sería un desacato carente de fundamento legal. Me ha llamado mucho la atención ver que hay un hábeas corpus declarado fundado (por un juez de Junín) sobre esto, porque ese recurso no está diseñado para este tipo de conflictos. Aquí lo que cabría es una acción popular, en caso se considere que la norma es inconstitucional.




De todas maneras, los gobiernos regionales tienen que hacer frente a los maestros de sus jurisdicciones por reglas de juego establecidas por el gobierno central.
Su función es explicar a la población cuál es su competencia y cuál es la del Ejecutivo. Y si esto genera malestar, se debe establecer muy claramente a qué se debe el malestar, sin embargo, ellos no pueden usar este argumento para desconocer una política nacional, porque eso sería sembrar el caos. Imagínense si cada gobierno regional puede desconocer normas o políticas nacionales, hoy será en esta materia y mañana será en cualquier otra.




¿No le parece discriminatoria una norma que permite contratar solo a quienes hayan estado en el tercio superior?
Es plausible que se busque mejorar la calidad de la educación y de quiénes imparten la educación. Si la finalidad de la norma es seleccionar a los maestros más capacitados, creo que la medida impuesta no resulta idónea porque deja de lado otros criterios que son relevantes, y no es capaz de conducir al resultado que se persigue.




¿Usted cree que con la aplicación de esa norma se lesiona el principio constitucional de igualdad para todos?
Sí, creo que hay una lesión del principios de igualdad. Se está diciendo que el derecho de tener título de maestro debe bastar para tener un puesto. El título debe valer para concursar y que se está en aptitud de ejercer el puesto.




Entonces, ¿qué criterios se deben tener en cuenta?
Experiencia, educación continua, idoneidad psicológica. Es importante que se vea si es una persona psicológicamente equilibrada, si no tiene rasgos de perversión.


















EL TERCIO CON AUTORITARISMO Y DEMAGOGIA ENTRA


José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América, ex Secretario General del SUTEP

Ante la oposición de la mayoría de los gobiernos regionales a la aplicación del DS 004-2008-ED y su teoría del “tercio superior”, el gobierno aprista, a través de su Primer Ministro y de un intimidatorio comunicado del Ministerio de Educación dirigido, demagógicamente, a los padres de familia (La República, 12 de febrero del 2008, p.11), acompañados por la columna del filo-aprista Mirko Lauer (Honor al mérito, La República, 12 de febrero del 2008, p. 6), ha respondido repitiendo sus mismos argumentos, pero como estos carecen de suficiente fuerza como para ocultar sus verderos objetivos neoliberales, ha tenido que apelar al argumento de la autoridad central y sus amenazas tan furibundas como si se tratara de enfrentar al crimen organizado (“asociación para delinquir”, nada menos). Que los apristas recurran a estos métodos, no es ninguna novedad. Que un Ingeniero Industrial que hace de Ministro de Educación y viva del lucrativo comercio educativo encabece esta especie de cruzada neoliberal por la supuesta “calidad de la educación”, tampoco debe sorprendernos, pues ya el fujimorismo intentó hacer lo mismo reclutando ministros de educación de ese montón de profesionales que de pedagogía sólo han conocido lo lucrativa que es la educación privada-

I
LA DEMAGOGIA Y EL AUTORITARISMO

Nuevamente el gobierno parte de la premisa que todos los maestros con título pedagógico no sirven para enseñar en las aulas, partiendo de la evidencia de la crisis de la educación peruana y culpando exclusivamente a los docentes, afirmación “refrendada” por la evaluación censal que no ha medido ningún desempeño profesional, sino un conjunto de conocimientos descontextualizados con pruebas expresamente preparadas para medir habilidades de respuesta a ciertas alternativas. El objetivo de toda este operativo no es otra que demostrar la “incongruencia” de maestros que reclaman sus derechos, entre ellos los salariales, y su “incapacidad profesional”: hay que callarlos para seguir manejando un presupuesto educativo cada más comprimido, como se está demostrado, lo que ha motivado las permanentes quejas, sólo quejas, hasta del fenecido Consejo Nacional de Educación.

¿Con qué argumento se puede justificar la exclusividad de los profesores del tercio superior para el concurso si no participan todos los demás y miden su rendimiento para ver si verdaderamente los del tercio son los mejores profesionales? El comunicado responde con suma facilidad: reconociendo el esfuerzo, dedicación y capacidad de dichos maestros a lo largo de su formación profesional. Se deduce que los demás graduandos de esas promociones han obtenido el título profesional sin esfuerzo alguno. Luego, habría que instituir, siguiendo la lógica “meritocrática” de los neoliberales apristas, títulos profesionales de primera, se segunda y hasta de tercera categoría, y ver en qué categoría se encuentra el señor Chang, el propio Primer Ministro.

Como, lo reiteramos, con este argumento no podrán convencer a los maestros ni al mundo académico que realmente utiliza el pensamiento racional y crítico, el Ministro y sus viceministros introducen en su comunicado todas las amenazas que han podido imaginar, buscando amedrentar a los gobiernos regionales y sus autoridades educativas que osen contradecir la suprema norma del supremo gobierno, elaborada como si se tratara de una orden del dueño de una empresa (y empresario de la educación es el Ministro). Sólo falta que amenace a los maestros con la anulación del título pedagógico para que no haya más postulantes al trabajo docente. Hoy estamos más convencidos que todas las concesiones hechas al gobierno aprista en materia de políticas educativas le han abierto el camino para que pretenda avasallar incluso a los gobiernos regionales. Después de amenazar, el inefable Jorge del Castillo ofrece el diálogo. Esta es la democracia aprista y la “revolución” de la que viene hablando el dirigente Mauricio Mulder Bedoya.

Las vieja astucia aprista, esta sí verdadero vicio de la política criolla, se traduce en su comunicado “a los padres de familia”, a esos padres que desde que se formó la República peruana no hicieron más que resignarse (al decir de Fernando Savater cuando fustiga la existencia de escuelas públicas y privadas) a seguir enviando a las escuelas públicas mal dotadas y con maestros mal pagados, para enfrentarlos a los maestros de sus hijos y ellos también acepten que la situación de maltrato a los maestros es una buena política, hasta que estos “aprendan a enseñar”. No faltan, como no faltaron durante el fujimorismo, “dirigentes” de APAFAS que aplaudan estas medidas. Ayer aplaudieron la reforma educativa neoliberal y hoy, después de 15 años, ¿no encuentran, acaso, la misma crisis educativa que les ofrecieron resolver quitando los derechos a los maestros? Les veremos a cinco años de aquí, con otro gobierno, hablando de lo mismo.

Para el gobierno, las normas jurídicas de carácter nacional y las políticas de carácter nacional deben ser acatadas; pero cuando se dijo que se aplique la Ley del Profesorado 24029, vulnerada por un decreto supremo desde 1991, el gobierno aprista, ni sus antecesores, se ajustaron al precepto jurídico de la superioridad de las leyes orgánicas frente a normas de menor jerarquía. Ahora sí vale el precepto. Pero más allá de la ley, aquí se trata de políticas educativas que agravarán más la crisis de nuestra educación y que a los neoliberales no les interesa la escuela pública porque los suyos, sus hijos y sus iguales de clase, tienen su propia escuela privada. Es pura hipocresía eso de su compromiso con la niñez y los padres de familia de trabajar por una mejor educación para nuestros hijos y que defienden el derecho de los niños a tener a tener a los mejores como sus maestros. Mientras tanto, el Ministro Chang se enorgullece de los ingresos en su universidad privada.

II
UN INTELECTUAL DE APOYO A LA DEMAGOGIA

No es la primera vez que Mirko Lauer apuntala, desde La República, las políticas apristas, con algunas insinuaciones críticas para demostrar su “independencia” intelectual. El día de hoy, en el artículo mencionado al iniciar este artículo, perpetra no menos de 8 afirmaciones antojadizas, muchas de las cuales trasuntan la inspiración del Banco Mundial, mentor de estas reformas educativas que hacen del maestro la causa de la “baja calidad de la educación en América Latina”. No es posible extendernos en cada afirmación, pero debemos empezar por aquella que acusa a los opositores al tercio superior de no permitir que el Estado contrate a los mejores maestros, lo que nos lleva a plantearle a Lauer que si los del tercio son los mejores, entonces que compitan en un concurso único con los demás, y seguramente serán los únicos aprobados, pero sin negar el derecho a quienes también tienen el título pedagógico. Además, hay decenas de miles de contratados que ya están trabajando no menos de dos y diez años, sin nombramiento, sin derechos, asistiendo a cursos de capacitación con sus propios recursos, con evaluaciones positivas de su desempeño. Acusa a los gobiernos regionales de inclinar la cerviz ante el SUTEP, una acusación totalmente impertinente y hasta malcriada de un columnista que se pone siempre en el medio de las fuerzas en conflicto para, supuestamente, mantener su “independencia”. La otra mentira de Lauer dice que el SUTEP se opone porque el 66% de los maestros no están el tercio superior y en ese grupo está el voto mayoritario, afirmación sofística, porque el SUTEP lucha por el derecho de todos los maestros y, si, suponiendo el triunfo de los maestros del tercio superior, en los próximos años estos mismos maestros se verán engañaos, porque lo que les depara la Ley de Carrera Pública Magisterial del actual gobierno es una relación inestable en el trabajo docente, con “incentivos” y no con una remuneración decorosa, lo que llevará al SUTEP a seguir luchando por todos estos docentes. Lo que pasa es que Lauer no puede esconder su oposición a los sindicatos y, en particular, al SUTEP.
Lauer habla de informalidad en el contrato de los docentes, tratando de negar la existencia de leyes y reglamentos aprobados por los gobiernos de turno y que son aplicados en el proceso de los concursos, contratos y nombramientos. Y si, como dice también Lauer, hay contrataciones en base a dinero, la militancia, la popularidad, el parentesco o la simple compadrería, estas responsabilidades corresponden a las autoridades educativas, que siempre son mayoría en las comisiones encargadas de los contratos o nombramientos. Que pregunte a sus compañeros apristas qué hicieron durante su primer gobierno. Lo que pasa es que hoy la mayoría de gobiernos regionales no permiten a los apristas manejara a su antojo los contratos y nombramientos, aun cuando muchas autoridades regionales actuales están cometiendo irregularidades. Pero partir de éstas, que involucran a una minoría ínfima, para negar los derechos profesionales a la gran mayoría de maestros titulados, es simplemente un atropello.
Lauer pretende sorprender a quienes no conocen el proceso educativo de China, durante y después de Mao, para decir que en ese país se aplican los métodos de las mejores notas y de los concursos para el contrato de docentes. Debiera de saber el señor Lauer que en la China, por lo menos hasta los 80, ante la urgencia de acelerar la alfabetización y la expansión de la educación primaria, se debió de seleccionar maestros sin título pedagógico apelando a sus antecedentes académicos, entre ellos, la notas, mientras que los concursos son realizados respetando la igualdad de oportunidades para todos. Esto mismo ocurrió en Cuba hasta alcanzar el número suficiente de maestros con título pedagógico. Mas bien Lauer debiera de preocuparse se tanta basura periodística que comparte con él la comunicación de masas en el Perú. Sigue Lauer afirmando que los mejores criterios para contratar maestros son los de la calidad de los estudios y el logro académico; pues claro que sí, y entonces, ¿qué es un título pedagógico sino el resultado de un logro académico aprobado por un centro académico de formación? Nuevamente volvemos a los niveles del título profesional: de primera, segunda, etc.
Finalmente Lauer hace su propuesta, según la cual el planteamiento meritocrático podría suavizarse haciendo de la norma del tercio superior un sistema de precedencia y no de exclusión, o dejando al 66% restante concursar por un moderado porcentaje de los puestos. ¡Qué curioso este Lauer cuando toda su columna se base en la seguridad de que los del tercio son los mejores, pero que, según él, se puede enviar a las aulas a los peores, a esos del 66%, propiciando así una mala enseñanza para un sector de niños!Como los hijos de Lauer no estudian en la escuela pública, ¡qué le importa! lo que está proponiendo.

Como se ve, ni los reformadores neoliberales ni sus acompañantes desde la intelectualidad complaciente pueden generar políticas educativas que no produzcan más de lo mismo.

Iquitos, febrero 12 del 2008