El Ministro del Interior de Chile Rodrigo Hinzpeter anunció la suspensión del uso de bombas lacrimógenas para contener manifestaciones, “hasta que nuevos informes médicos nos permitan disipar cualquier duda sobre la procedencia y el empleo de estos gases”. Básicamente, la suspensión se debe a un estudio del toxicólogo de la Universidad de Chile, Andrei Tchernitchin, que demostraría efectos abortivos, edemas pulmonares y otros efectos nocivos de estos gases en la salud.Lo curioso –o no tanto– es que el estudio fue realizado en 1986. Hace 25 años. En el intertanto volvió la democracia y tuvimos cuatro (cinco con el actual) gobiernos que siguieron utilizándolas, haciendo caso omiso de estos antecedentes.
Tchernitchin afirmó que su interés por este tipo de sustancias tóxicas comenzó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, cuando en los alrededores de la Facultad de Medicina la policía lanzaba bombas lacrimógenas.
“Pedimos a los alumnos que donaran sangre para estudiar algunos parámetros hormonales, como el número de leucocitos eosinófilos y, curiosamente, esos leucocitos estaban desgranulándose con mucha velocidad, lo cual podía significar alteraciones de diverso tipo”, sostuvo el facultativo.
Para Andrei Tchernitchin “hay probabilidad de que las sustancias químicas de las bombas lacrimógenas afecten las funciones reproductivas, dañen al feto en el último trimestre del embarazo, y a los niños en los primeros años de vida, provocando efectos en la salud que pueden resultar irreversibles”.La dura represión durante las manifestaciones en contra del proyecto energético Hidroaysén puso en tela de juicio nuevamente el tipo de bombas lacrimógenas que utilizan las Fuerzas Especiales de Carabineros para dispersar a los manifestantes, las cuales están prohibidas en la mayoría de países del mundo.
Se estima que el proyecto Hidroaysén inundará 5900 Ha de reservas naturales, y que movilizará alrededor de 5000 trabajadores, provinientes desde distintas zonas del país y el extranjero. Para interconectar las distintas represas con el Sistema Interconectado Central (SIC), por su parte, se requerirán de 3000 km de extensión de tendido eléctrico.Según estudios acerca del emplazamiento de las centrales, así como de los recorridos necesarios para transportar los materiales necesarios para su construcción, el proyecto afectará a 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas. Además, se verían intervenidas 6 comunidades mapuche, cuatro de las comunas de Toltén, una de Lautaro y otra de Victoria.
Parte de la muralla de la central Baker 2 pasaría por el Parque Nacional Laguna San Rafael, causando daños ambientales irreversibles.
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