El remate de tierras de los pequeños y medianos propietarios genera una nueva concentración de poder y exclusión social en el Perú.
El presidente Alan García Pérez, antiguo militante social demócrata y hoy un converso ultraliberal, es también a tono con su ideario un gran promotor de la neolatifundización de la tierra en el Perú. Proceso que arrancó con Belaunde, siguió con García, prosiguió con Fujimori, continuó con Toledo y ahora alcanza su apogeo con el Dr. García, en su segundo gobierno.
La concentración de la tierra en el Perú en este año 2009 es mayor que en el período previo a la Reforma Agraria de 1969 del general Juan Velasco Alvarado cuando, según el Censo Agropecuario de 1961, el 75. 9 por ciento del área censada estaba en manos del 0.4 por ciento de propietarios.
El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) ha confeccionado un mapa de la gran propiedad rural en el 2009. De acuerdo a ese mapa, sólo 7 propietarios concentran 31,795 mil hectáreas en Piura; en Lambayeque, dos propietarios son dueños de 28,300 hectáreas de las mejores tierras; en Ancash, un solo neolatifundista tiene 16,000 hectáreas y así la concentración se repite en toda la Costa. El caso de Ica, uno de los valles en los que el proceso de compraventa de tierras ha sido más activo.
En la Amazonía, el nuevo “barón” ya no del caucho como Julio César Arana sino de la tierra es Dionisio Romero y sus socios chilenos que con buenas y malas artes se han apoderado ya de 20,000 mil hectáreas.
En el caso del Grupo Romero, extensiones de tierras en la selva alta están destinadas a cultivos de palma aceitera para la producción de aceite de consumo humano, además de una mayor participación para el biodiesel. Según CEPES, el proyecto Shanusi, en la frontera de Loreto con San Martín, tenía sembradas 8,000 hectáreas de palmas en el segundo semestre de 2008. En el mismo periodo, Palma del Espino (en Tocache, San Martín) aparecía con 12,000 hectáreas de palmas sembradas (7,500 hectáreas en producción)11, con una proyección de 15,000 hectáreas para el año 2012.
En total, de acuerdo al estudio del CEPES, sólo 34 propietarios son dueños y señores de 225, 657 hectáreas de tierras en la Costa. En este cálculo no se ha estimado la concentración en los Andes, especialmente en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, donde la mitad del valle está en manos de empresas chilenas ni el acaparamiento en el resto de la Amazonía por empresas chilenas, coreanas y chinas.
La neolatifundización de la tierra en el Perú se produce a través de varios mecanismos: remate de tierras de los pequeños y medianos propietarios que no pueden pagar sus deudas; compra de tierras para la producción de biocombustibles (caso Dionisio Romero y la empresa Maple en Piura); la ampliación de la frontera agrícola y la conversión de las cooperativas agrarias en empresas privadas.
Convencido el gobierno aprista y sus socios de la derecha económica y política que la pequeña y mediana agricultura costeña y andino-amazónica debe ser reemplazada por la agricultura industrial, por el gran monocultivo para la exportación, están creando las condiciones económicas y políticas para que la agricultura familiar, que representa el 95 por ciento del agro en el país y produce la mayor parte de los alimentos que consumen los peruanos, se extinga irremediablemente.
La maquinaria de demolición y arrasamiento de la agricultura familiar en el Perú está en pleno funcionamiento: TLC asimétrico con Estados Unidos, eliminación de los aranceles y de todas las salvaguardas de la producción agraria nacional; incumplimiento de los acuerdos y paralización de las mesas de diálogo; un Estado liliputiense que invierte migajas en el campo; precariedad y vulnerabilidad de la propiedad familiar porque la titulación está paralizada; concentración y dominio de toda la cadena productiva por oligopolios y monopolios, entre otros problemas que han dejado a la pequeña y mediana propiedad agraria desguarnecida y a merced de la voracidad del gran capital.
La inviabilidad ambiental y social
El neolatifundismo que promueve el presidente García no es, como sus mentores preconizan, un sistema que crea desarrollo. Genera concentración de poder, exclusión social e inequidad económica. Pero además el gran monocultivo industrial es inviable-lo dicen la FAO y otras organizaciones internacionales-en el escenario de crisis ambiental planetaria provocado por el cambio climático que, este año, arrojará a la pobreza y al hambre a más de mil millones de personas.
El presidente García no puede con su genio y su vocación suicida. La neolatifundización del agro en el que ahora está empeñado es una forma de sembrar vientos para cosechar tempestades sociales y políticas.
Balance en rojo de la agenda Conveagro
En la XII Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro 2009) que se acaba de realizar el 24 y 25 de noviembre en Lima, el balance efectuado por el presidente de Conveagro, el Ing. Federico León y León, así como de Lucila Quintana Acuña, de la Junta Nacional de Café, y de otros líderes, reveló que los 14 puntos de la agenda agraria y las mesas de diálogo con el gobierno tienen un avance mínimo.
La breve historia de la Ley 29264 de Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda) es un clarísimo ejemplo de las intenciones non santas del gobierno aprista con relación a la pequeña y mediana propiedad. La Ley 29264 está destinada a solventar las deudas de 3 mil pequeños propietarios con entidades privadas por un monto de 50 millones de soles. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, guardián del santo santorum neoliberal, se niega a transferir los 50 millones de soles al Banco Agrario para que esta entidad compre las deudas y evite el remate de las tierras.
En el mismo evento, el vice ministro de Agricultura, Ing. Hubert Valdivia Pinto, expuso la política del sector que prioriza la exportación agroindustrial, que sólo representa al 5 por ciento de los productores, y otros programas para mejorar la competitividad. Sin embargo, por un lado, no se tocan los problemas estructurales de la pequeña y mediana agricultura y, por otro, la inversión en el agro -que según Valdivia este año es del orden de los 3,889 millones de soles- es apenas un chorrito de agua en un inmenso desierto de necesidades.
Lo mismo ocurre con el Banco Agrario, un pigmeo crediticio con un capital de apenas 260 millones de soles que sólo ha podido otorgar algún crédito a 10 mil agricultores de un total de 2 millones. Sólo una de las inversiones de Dionisio Romero para la producción de biodiesel supera largamente al capital del Banco Agrario.
Róger Rumrrill
La Primera
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