Juan Francisco Rojas Leo: "La Captura"

Los reguladores del mercado y la "otra" corrupción

Juan Francisco Rojas Leo*

Asistimos a una ola de preocupación social por la corrupción, acrecentada por hechos de escándalo. Lamentablemente, esto es coyuntural. Luego del escándalo, la preocupación decae y recaemos en el pernicioso conformismo.

Quizá por ello, la corrupción subrepticia, la que no genera escándalo y sólo se nota en los medios especializados de los organismos encargados de la regulación del mercado, no haya sido abordada seriamente. Incluso, para esta mala práctica institucionalizada, no se habla de "corrupción" sino que, con pudor, se utiliza la palabra "captura" para expresar que las empresas sometidas a control son las que, en realidad, ponen a los funcionarios y controlan el resultado de sus acciones de fiscalización.

La "captura" tiene manifestaciones variadas: están los funcionarios que ocupan los cargos resolutivos por horas. Es decir, son abogados, economistas o profesionales en actividad y –a la vez– ejercen el cargo público de resolución de conflictos. Sus respectivos estudios de abogados o consultoras ven acrecentados sus clientes y los conflictos de intereses son permanentes. También están aquellos que participaron activamente de los procesos de privatización de las empresas reguladas (electricidad, telefonía) y son convocados a resolver los conflictos de las empresas con la que guardan una estrecha relación de dependencia.

De la misma forma, están los que se llaman "expertos" consultores en un área de funcionamiento del mercado (marketing o publicidad) y no tienen complejo moral de pronunciarse sobre casos de sus competidores o potenciales clientes.

En igual condición se encuentran los funcionarios designados previa consulta a las poderosas empresas fiscalizadas, que incluso han sido ex trabajadores de éstas, o que lo serán el futuro, que aseguran la intrascendencia de los organismos de regulación del mercado. Finalmente, están los que resuelven sobre la base de consignas partidarias, recomendaciones o "tarjetazos" que se negocian al interior del partido de gobierno.

Para camuflar esta situación se recurre a la figura de la abstención en el caso. Sin embargo, todos saben que tener un funcionario influyente – incluso formalmente abstenido- es mejor que no tener apoyo en una causa, justa o injusta. La presencia al interior del organismo de regulación tiene un costo que el mercado valora y recompensa generosamente.

¿Y que dice la Contraloría de todo esto? El silencio es en todos los idiomas. Tampoco el órgano de control se ocupa de auditar los procesos de contratación de funcionarios y los extraños casos donde se despide funcionarios, se les paga fuertes sumas de dinero como indemnización, y luego se les vuelve a contratar.

Es verdad que no todos los integrantes son parte de la actuación que se cuestiona, siempre es posible encontrar personas íntegras, aun cuando el sistema sea nocivo en sí mismo.

Para asegurar este juego, incluso están los que sostienen que el diseño es bueno, pues el funcionario que resuelve por horas, "trae el aire fresco del sector privado al sector público". Difícil pensar que se trate de miopía intelectual.

¿Y el resultado? Reguladores que definen los reclamos de usuarios haciendo fe ciega sobre lo que dice el regulado; o el INDECOPI, cuyo presidente no quiere confrontar con los regulados; o la SBS, que no ve los abusos contra los clientes de bancos o que no se interesa por las elevadas comisiones que las AFP’s cobran a los usuarios. La inocuidad instalada institucionalmente para beneplácito de los infractores de la ley.

*Ex presidente del tribunal del Indecopi