De manera un tanto sorpresiva, el presidente García ha anunciado su voluntad de crear un Ministerio del Medio Ambiente. El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la máxima autoridad ambiental actual, ha mostrado de manera reiterada no estar a la altura de los complejos desafíos ambientales del país. Ya sea por los límites de su propia jurisdicción, o por la falta de liderazgo de sus directivos, el hecho es que el CONAM ha terminado siendo más parte del problema que de la solución.
El reto que el anunciado ministerio tiene que afrontar es grande. Una rápida enumeración puede darnos una idea: a) la contaminación urbana del aire, común a todas las grandes ciudades del país; b) la contaminación de las aguas en, prácticamente, todos los ríos de la costa y buena parte de los de la sierra y la selva, por acción de la industria, la minería, los hidrocarburos, los deshechos urbanos, los insumos químicos de la agricultura, la fabricación de derivados de la coca, etc.; c) la deforestación de la selva. También forma parte de los problemas ambientales la pérdida de recursos naturales, como la salinización de los suelos fértiles de la costa, la erosión de los suelos en la sierra y la selva, y la reducción de los niveles del agua subterránea.
Todos estos problemas tienen un importante potencial conflictivo, pues son causados por la acción humana y, por tanto, son muchos y grandes los intereses en juego. Los conflictos entre las empresas mineras y las poblaciones rurales de su entorno son una manifestación de lo dicho, pero también lo son los existentes a propósito de otras actividades extractivas.
Precisamente, porque hay muchos intereses en juego es que el papel del Estado como cautelador del interés público es fundamental. Hasta el momento, el sesgo del Ministerio de Energía y Minas a favor de las empresas mineras, aun cuando estas incumplen normas ambientales, ha debilitado la credibilidad del Estado ante las poblaciones que se sienten afectadas. Y el comportamiento débil del CONAM no ha hecho sino contribuir a este sentimiento.
Ciertamente, hay lugar para el escepticismo ante la oferta presidencial de crear el Ministerio del Ambiente, y por múltiples razones. El presidente García ha tenido varias y súbitas iniciativas que luego han quedado en nada (¿recuerda el Pacto Social o la Agencia contra la Corrupción?). Su gobierno ha criticado dura, sistemática e injustamente a los pobladores rurales que se han movilizado precisamente para defender el medio ambiente, amenazado por las explotaciones mineras. El propio presidente escribió, hace muy poco: «El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX, y cambia otra vez de camiseta, en el siglo XXI, para ser medioambientalista».
Pero en el caso de que la promesa se haga efectiva, la creación de un Ministerio del Ambiente tampoco resolvería gran cosa, pues dependería políticamente del presidente. Lo que se requiere es un organismo autónomo que tenga la libertad de discrepar con el Ejecutivo cuando sea necesario y que tenga la fuerza y autoridad de normar, fiscalizar y sancionar a quienes atentan contra el medio ambiente —aun si los responsables son empresas poderosas.
El reto que el anunciado ministerio tiene que afrontar es grande. Una rápida enumeración puede darnos una idea: a) la contaminación urbana del aire, común a todas las grandes ciudades del país; b) la contaminación de las aguas en, prácticamente, todos los ríos de la costa y buena parte de los de la sierra y la selva, por acción de la industria, la minería, los hidrocarburos, los deshechos urbanos, los insumos químicos de la agricultura, la fabricación de derivados de la coca, etc.; c) la deforestación de la selva. También forma parte de los problemas ambientales la pérdida de recursos naturales, como la salinización de los suelos fértiles de la costa, la erosión de los suelos en la sierra y la selva, y la reducción de los niveles del agua subterránea.
Todos estos problemas tienen un importante potencial conflictivo, pues son causados por la acción humana y, por tanto, son muchos y grandes los intereses en juego. Los conflictos entre las empresas mineras y las poblaciones rurales de su entorno son una manifestación de lo dicho, pero también lo son los existentes a propósito de otras actividades extractivas.
Precisamente, porque hay muchos intereses en juego es que el papel del Estado como cautelador del interés público es fundamental. Hasta el momento, el sesgo del Ministerio de Energía y Minas a favor de las empresas mineras, aun cuando estas incumplen normas ambientales, ha debilitado la credibilidad del Estado ante las poblaciones que se sienten afectadas. Y el comportamiento débil del CONAM no ha hecho sino contribuir a este sentimiento.
Ciertamente, hay lugar para el escepticismo ante la oferta presidencial de crear el Ministerio del Ambiente, y por múltiples razones. El presidente García ha tenido varias y súbitas iniciativas que luego han quedado en nada (¿recuerda el Pacto Social o la Agencia contra la Corrupción?). Su gobierno ha criticado dura, sistemática e injustamente a los pobladores rurales que se han movilizado precisamente para defender el medio ambiente, amenazado por las explotaciones mineras. El propio presidente escribió, hace muy poco: «El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX, y cambia otra vez de camiseta, en el siglo XXI, para ser medioambientalista».
Pero en el caso de que la promesa se haga efectiva, la creación de un Ministerio del Ambiente tampoco resolvería gran cosa, pues dependería políticamente del presidente. Lo que se requiere es un organismo autónomo que tenga la libertad de discrepar con el Ejecutivo cuando sea necesario y que tenga la fuerza y autoridad de normar, fiscalizar y sancionar a quienes atentan contra el medio ambiente —aun si los responsables son empresas poderosas.
Editorial de: La Revista Agraria Nº 90
Salvemos Candamo
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