José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América, ex Secretario General del SUTEP
Ante la oposición de la mayoría de los gobiernos regionales a la aplicación del DS 004-2008-ED y su teoría del “tercio superior”, el gobierno aprista, a través de su Primer Ministro y de un intimidatorio comunicado del Ministerio de Educación dirigido, demagógicamente, a los padres de familia (La República, 12 de febrero del 2008, p.11), acompañados por la columna del filo-aprista Mirko Lauer (Honor al mérito, La República, 12 de febrero del 2008, p. 6), ha respondido repitiendo sus mismos argumentos, pero como estos carecen de suficiente fuerza como para ocultar sus verderos objetivos neoliberales, ha tenido que apelar al argumento de la autoridad central y sus amenazas tan furibundas como si se tratara de enfrentar al crimen organizado (“asociación para delinquir”, nada menos). Que los apristas recurran a estos métodos, no es ninguna novedad. Que un Ingeniero Industrial que hace de Ministro de Educación y viva del lucrativo comercio educativo encabece esta especie de cruzada neoliberal por la supuesta “calidad de la educación”, tampoco debe sorprendernos, pues ya el fujimorismo intentó hacer lo mismo reclutando ministros de educación de ese montón de profesionales que de pedagogía sólo han conocido lo lucrativa que es la educación privada-
I
LA DEMAGOGIA Y EL AUTORITARISMO
Nuevamente el gobierno parte de la premisa que todos los maestros con título pedagógico no sirven para enseñar en las aulas, partiendo de la evidencia de la crisis de la educación peruana y culpando exclusivamente a los docentes, afirmación “refrendada” por la evaluación censal que no ha medido ningún desempeño profesional, sino un conjunto de conocimientos descontextualizados con pruebas expresamente preparadas para medir habilidades de respuesta a ciertas alternativas. El objetivo de toda este operativo no es otra que demostrar la “incongruencia” de maestros que reclaman sus derechos, entre ellos los salariales, y su “incapacidad profesional”: hay que callarlos para seguir manejando un presupuesto educativo cada más comprimido, como se está demostrado, lo que ha motivado las permanentes quejas, sólo quejas, hasta del fenecido Consejo Nacional de Educación.
¿Con qué argumento se puede justificar la exclusividad de los profesores del tercio superior para el concurso si no participan todos los demás y miden su rendimiento para ver si verdaderamente los del tercio son los mejores profesionales? El comunicado responde con suma facilidad: reconociendo el esfuerzo, dedicación y capacidad de dichos maestros a lo largo de su formación profesional. Se deduce que los demás graduandos de esas promociones han obtenido el título profesional sin esfuerzo alguno. Luego, habría que instituir, siguiendo la lógica “meritocrática” de los neoliberales apristas, títulos profesionales de primera, se segunda y hasta de tercera categoría, y ver en qué categoría se encuentra el señor Chang, el propio Primer Ministro.
Como, lo reiteramos, con este argumento no podrán convencer a los maestros ni al mundo académico que realmente utiliza el pensamiento racional y crítico, el Ministro y sus viceministros introducen en su comunicado todas las amenazas que han podido imaginar, buscando amedrentar a los gobiernos regionales y sus autoridades educativas que osen contradecir la suprema norma del supremo gobierno, elaborada como si se tratara de una orden del dueño de una empresa (y empresario de la educación es el Ministro). Sólo falta que amenace a los maestros con la anulación del título pedagógico para que no haya más postulantes al trabajo docente. Hoy estamos más convencidos que todas las concesiones hechas al gobierno aprista en materia de políticas educativas le han abierto el camino para que pretenda avasallar incluso a los gobiernos regionales. Después de amenazar, el inefable Jorge del Castillo ofrece el diálogo. Esta es la democracia aprista y la “revolución” de la que viene hablando el dirigente Mauricio Mulder Bedoya.
Las vieja astucia aprista, esta sí verdadero vicio de la política criolla, se traduce en su comunicado “a los padres de familia”, a esos padres que desde que se formó la República peruana no hicieron más que resignarse (al decir de Fernando Savater cuando fustiga la existencia de escuelas públicas y privadas) a seguir enviando a las escuelas públicas mal dotadas y con maestros mal pagados, para enfrentarlos a los maestros de sus hijos y ellos también acepten que la situación de maltrato a los maestros es una buena política, hasta que estos “aprendan a enseñar”. No faltan, como no faltaron durante el fujimorismo, “dirigentes” de APAFAS que aplaudan estas medidas. Ayer aplaudieron la reforma educativa neoliberal y hoy, después de 15 años, ¿no encuentran, acaso, la misma crisis educativa que les ofrecieron resolver quitando los derechos a los maestros? Les veremos a cinco años de aquí, con otro gobierno, hablando de lo mismo.
Para el gobierno, las normas jurídicas de carácter nacional y las políticas de carácter nacional deben ser acatadas; pero cuando se dijo que se aplique la Ley del Profesorado 24029, vulnerada por un decreto supremo desde 1991, el gobierno aprista, ni sus antecesores, se ajustaron al precepto jurídico de la superioridad de las leyes orgánicas frente a normas de menor jerarquía. Ahora sí vale el precepto. Pero más allá de la ley, aquí se trata de políticas educativas que agravarán más la crisis de nuestra educación y que a los neoliberales no les interesa la escuela pública porque los suyos, sus hijos y sus iguales de clase, tienen su propia escuela privada. Es pura hipocresía eso de su compromiso con la niñez y los padres de familia de trabajar por una mejor educación para nuestros hijos y que defienden el derecho de los niños a tener a tener a los mejores como sus maestros. Mientras tanto, el Ministro Chang se enorgullece de los ingresos en su universidad privada.
II
UN INTELECTUAL DE APOYO A LA DEMAGOGIA
No es la primera vez que Mirko Lauer apuntala, desde La República, las políticas apristas, con algunas insinuaciones críticas para demostrar su “independencia” intelectual. El día de hoy, en el artículo mencionado al iniciar este artículo, perpetra no menos de 8 afirmaciones antojadizas, muchas de las cuales trasuntan la inspiración del Banco Mundial, mentor de estas reformas educativas que hacen del maestro la causa de la “baja calidad de la educación en América Latina”. No es posible extendernos en cada afirmación, pero debemos empezar por aquella que acusa a los opositores al tercio superior de no permitir que el Estado contrate a los mejores maestros, lo que nos lleva a plantearle a Lauer que si los del tercio son los mejores, entonces que compitan en un concurso único con los demás, y seguramente serán los únicos aprobados, pero sin negar el derecho a quienes también tienen el título pedagógico. Además, hay decenas de miles de contratados que ya están trabajando no menos de dos y diez años, sin nombramiento, sin derechos, asistiendo a cursos de capacitación con sus propios recursos, con evaluaciones positivas de su desempeño. Acusa a los gobiernos regionales de inclinar la cerviz ante el SUTEP, una acusación totalmente impertinente y hasta malcriada de un columnista que se pone siempre en el medio de las fuerzas en conflicto para, supuestamente, mantener su “independencia”. La otra mentira de Lauer dice que el SUTEP se opone porque el 66% de los maestros no están el tercio superior y en ese grupo está el voto mayoritario, afirmación sofística, porque el SUTEP lucha por el derecho de todos los maestros y, si, suponiendo el triunfo de los maestros del tercio superior, en los próximos años estos mismos maestros se verán engañaos, porque lo que les depara la Ley de Carrera Pública Magisterial del actual gobierno es una relación inestable en el trabajo docente, con “incentivos” y no con una remuneración decorosa, lo que llevará al SUTEP a seguir luchando por todos estos docentes. Lo que pasa es que Lauer no puede esconder su oposición a los sindicatos y, en particular, al SUTEP.
Lauer habla de informalidad en el contrato de los docentes, tratando de negar la existencia de leyes y reglamentos aprobados por los gobiernos de turno y que son aplicados en el proceso de los concursos, contratos y nombramientos. Y si, como dice también Lauer, hay contrataciones en base a dinero, la militancia, la popularidad, el parentesco o la simple compadrería, estas responsabilidades corresponden a las autoridades educativas, que siempre son mayoría en las comisiones encargadas de los contratos o nombramientos. Que pregunte a sus compañeros apristas qué hicieron durante su primer gobierno. Lo que pasa es que hoy la mayoría de gobiernos regionales no permiten a los apristas manejara a su antojo los contratos y nombramientos, aun cuando muchas autoridades regionales actuales están cometiendo irregularidades. Pero partir de éstas, que involucran a una minoría ínfima, para negar los derechos profesionales a la gran mayoría de maestros titulados, es simplemente un atropello.
Lauer pretende sorprender a quienes no conocen el proceso educativo de China, durante y después de Mao, para decir que en ese país se aplican los métodos de las mejores notas y de los concursos para el contrato de docentes. Debiera de saber el señor Lauer que en la China, por lo menos hasta los 80, ante la urgencia de acelerar la alfabetización y la expansión de la educación primaria, se debió de seleccionar maestros sin título pedagógico apelando a sus antecedentes académicos, entre ellos, la notas, mientras que los concursos son realizados respetando la igualdad de oportunidades para todos. Esto mismo ocurrió en Cuba hasta alcanzar el número suficiente de maestros con título pedagógico. Mas bien Lauer debiera de preocuparse se tanta basura periodística que comparte con él la comunicación de masas en el Perú. Sigue Lauer afirmando que los mejores criterios para contratar maestros son los de la calidad de los estudios y el logro académico; pues claro que sí, y entonces, ¿qué es un título pedagógico sino el resultado de un logro académico aprobado por un centro académico de formación? Nuevamente volvemos a los niveles del título profesional: de primera, segunda, etc.
Finalmente Lauer hace su propuesta, según la cual el planteamiento meritocrático podría suavizarse haciendo de la norma del tercio superior un sistema de precedencia y no de exclusión, o dejando al 66% restante concursar por un moderado porcentaje de los puestos. ¡Qué curioso este Lauer cuando toda su columna se base en la seguridad de que los del tercio son los mejores, pero que, según él, se puede enviar a las aulas a los peores, a esos del 66%, propiciando así una mala enseñanza para un sector de niños!Como los hijos de Lauer no estudian en la escuela pública, ¡qué le importa! lo que está proponiendo.
Como se ve, ni los reformadores neoliberales ni sus acompañantes desde la intelectualidad complaciente pueden generar políticas educativas que no produzcan más de lo mismo.
Iquitos, febrero 12 del 2008
