Fujimori culpable: Corte Suprema ratifica condena de 25 años

En los casos de Barrios Altos y La Cantuta la decisión fue unánime.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de 25 años prisión para Alberto Fujimori por el asesinato en los casos Barrios Altos, La Cantuta, y por el secuestro agravado al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer.

La decisión fue unánime en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, pero que en el caso de los secuestros al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer, la opinión estuvo dividida.

La pena por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves impuesta el 7 de abril pasado por Sala Penal Especial que presidió el magistrado César San Martín, también fue ratificada.

La condena al ex presidente vencerá el 20 de febrero del 2032. Fujimori puede acogerse a los beneficios penitenciarios, sin embargo, por el tipo de delito deberá cumplir 18 años de castigo como mínimo.

Cabe mencionar que la ley 28760 prohíbe el indulto, la conmutación de pena y el derecho de gracia presidencial a los condenados por secuestro.

tomado de El Comercio.com

Lea la sentencia completa.

Fiscal pide garantías

Ante amenazas por denunciar a general Elías Muguruza y otros por muertes en Bagua.

La fiscal Luz Rojas Méndez, quien denunció penalmente a los policías que encabezaron la operación de desalojo de la Curva del Diablo el 5 de junio, pedirá garantías para su vida antes de asumir sus labores como fiscal adjunta de la Fiscalía Mixta de Chachapoyas, debido a las amenazas anónimas que ha recibido y de la que provino de la propia fiscal de la Nación, Gladys Echaíz.

La magistrada ha canalizado su denuncia a través de organismos de defensa de los derechos humanos, luego de ser advertida de represalias por la titular del Ministerio Público, por haber formulado denuncia por homicidio calificado y lesiones en contra de los generales de Policía Elías Muguruza y Javier Uribe, así como 17 oficiales, antes de asumir el cargo de fiscal de la 1ra Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba que tuvo a su cargo la investigación del “Baguazo” que dejó como saldo trágico la muerte de policías, nativos y lugareños.

157 heridos

Una primera investigación efectuada por la entonces fiscal adjunta de dicho despacho, Olga Bobadilla Terán, concluyó denunciando sólo a nativos por los delitos de homicidio calificado y lesiones y como agraviados los policías que intervinieron en la operación.

En su denuncia, la fiscal Rojas consideró que, en tal evento resultaron muertos y heridos por efecto de proyectiles de uso policial, tanto civiles como nativos, según se desprende del parte policial y las necropsias efectuadas, por lo que procedió a denunciar también a los jefes y mandos policiales de diferente graduación que participaron en las acciones de desalojo en la Curva del Diablo y de control en la ciudad de Bagua.

De acuerdo a su investigación, hasta el momento en que efectuó la denuncia el 7 de agosto, la magistrada registró un total de 157 heridos, entre nativos y lugareños quienes sufrieron diferentes tipos de lesiones, y señaló que había que tener en cuenta los desaparecidos, aún no precisados.

La fiscal Luz Marleny Rojas ha denunciado ser víctima de amenazas por el ejercicio de su función, tanto a través de llamadas a su teléfono celular como de manera directa por un efectivo policial que llegó hasta su despacho en una oportunidad para tratar de agredirla.

Investiguen

El abogado Guinaldo Pizarro Tomanguilla, quien asumió la representación de los deudos de nativos muertos en Bagua, dijo ayer a este diario que debe aclararse el caso “Baguazo” a fin de encontrar la reconciliación entre los peruanos.

Reiteró que desconfía en la labor que realizará la fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, Olga Bobadilla Terán.

El letrado, representante de los familiares de Felipe Sabio César, Romel Tenazoa y tres nativos más, dijo que es imprescindible que las investigaciones se realicen en los plazos previstos.

La fiscal Luz Marleny Rojas ha denunciado ser víctima de amenazas por el ejercicio de su función, tanto a través de llamadas a su teléfono celular como de manera directa por un efectivo policial que llegó hasta su despacho en una oportunidad para tratar de agredirla.

La Primera

Maquinaria trabaja contra fiscal Rojas

Marleny Rojas puede ir presa por denunciar a generales del ‘Baguazo’, cuya investigación puede involucrar a ex ministros y hasta al presidente García.

Con una investigación preliminar “de oficio” por presunta usurpación de funciones, abierta en Amazonas contra la fiscal Marleny Rojas, empiezan a cumplirse las amenazas de la titular del Ministerio Público, Gladys Echaíz, contra la referida fiscal por el simple hecho de haber denunciado penalmente a oficiales de la Policía Nacional que dirigieron la desastrosa operación de control de las protestas de nativos amazónicos, ocurrida el 5 de junio en Bagua, y que dejaron un saldo de 34 muertos, entre civiles y policías.

Rojas, actualmente en Lima, tras la intimidación ejercida hace unos días por su superior jerárquico, manifestó ayer que ya no le cabe ninguna duda de que una “maquinaria” está trabajando en contra suya, pues se ha cumplido la primera de las amenazas que le hizo Echaíz cuando le advirtió, que “su comportamiento podría llevarla a la cárcel y por último habían también ‘otras formas’ de disciplinar a los fiscales que no se ajustaban a las indicaciones de ley y orden que emanan de la autoridad fiscal”.

Lo que hizo Echaíz fue encaminar, a través de Control Interno del Ministerio Público, una denuncia por presunta usurpación de funciones contra la ex fiscal Rojas como encargada de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba. Para el abogado y ex congresista Heriberto Benítez todo indica que “esta investigación abierta en Amazonas a la fiscal Rojas demuestra que Echaíz es la autora intelectual de la denuncia”.

Peligro de cárcel

El inicio de esta investigación reviste un peligro grave, pues esta medida aparentemente interna puede encaminarse hacia la determinación de una responsabilidad, una destitución de la institución y, finalmente, una denuncia penal ante el Poder Judicial por el delito de usurpación de funciones que, de acuerdo al Código Penal, puede conllevar una pena de prisión efectiva contra Rojas.

De acuerdo al artículo Nº 361 del Código Penal, quien incurre en el ilícito penal de usurpar funciones puede sufrir una pena de cárcel que podrá ser de hasta siete años.

“Se aprecia, pues, que la intención es enviarla a la cárcel, en represalia por haber denunciado hechos que comprometen a personajes del gobierno”, señaló Benítez, quien luego precisó que en el desarrollo de la investigación derivada de esta denuncia fiscal se puede demostrar que los oficiales de la policía acataron una orden que “vino de arriba”, de los ministros y hasta del propio presidente de la República.

Camino a la impunidad

La fiscal Rojas rechazó haber cometido delito alguno y manifestó que, por el contrario, lo único que hizo fue cumplir su deber, dentro de las funciones propias del Ministerio Público, como son la defensa de la legalidad y la persecución del delito. “Se ha iniciado una campaña de desprestigio personal y profesional de mi desempeño como fiscal que se encamina con toda claridad a dejar sin efecto la denuncia por los hechos de Bagua”, señaló Rojas.

El congresista y ex juez Víctor Mayorga calificó la investigación contra la fiscal de Amazonas como una maniobra para abrir un camino a la impunidad de los responsables de la muerte de nativos.

Puntos de discordia

Fuentes del Ministerio Público revelaron que la sucesora de la doctora Rojas Méndez en la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, Olga Bobadilla, se encuentra en Lima acompañada del pool de abogadas que la asisten en su cargo, realizando secretas gestiones que se presume tienen que ver con la estrategia encaminada a dejar sin efecto la denuncia contra los generales de la policía Luis Muguruza y Javier Uribe, así como otros 17 oficiales.

La Primera

Limpian a Rómulo León

La Tercera Sala Anticorrupción resolvió ayer exculpar al ex ministro aprista Rómulo León, Alberto Químper, Fortunato Canaán, Ernesto Arias Schreiber y Rómulo León Romero, del cargo de asociación ilícita para delinquir, con lo cual los liberó de la posibilidad de ser condenados a severas penas de cárcel y abrió el camino para su posible absolución.

La decisión constituye un paso hacia la impunidad de los integrantes de la red de corrupción que llegó a altos niveles del gobierno y cuyo descubrimiento provocó en octubre pasado una crisis ministerial en la que renunció el hasta entonces primer ministro, Jorge del Castillo, tras divulgarse los llamados “petroaudios”, en los que León y sus cómplices coordinaban acciones sobre el uso de sus vínculos en el gobierno para grandes negociados en los rubros del petróleo y la construcción.

Apoyándose en lo resuelto en primera instancia por el juez anticorrupción Jorge Barreto, la Sala estimó además que los contenidos de los petroaudios no configuran prueba válida por la forma ilegal en que habrían sido obtenidos (chuponeo) y se negó a considerar los contenidos como evidencia de una concertación y actuación en banda, como lo sostenía la Fiscalía. De hecho, esta parte de la acusación era crucial para la ampliación de las investigaciones hacia poderosos personajes mencionados en las conversaciones telefónicas y en los mail intercambiados por los procesados.

León estaba originalmente acusado de diversos delitos, entre ellos: asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible, patrocinio ilegal, encubrimiento y tráfico de influencias. La pena mínima por asociación ilícita para delinquir es de cinco años de prisión efectiva, pudiendo ser mayor de acuerdo al criterio del juzgador. En opinión de los especialistas, la exculpación de quienes fueron calificados de “ratas” por el presidente Alan García, a los pocos días del escándalo, abre la opción de que varios de ellos sean exculpados. Y es particularmente importante para que el caso no toque a García.

Con anterioridad, el Congreso salvó a Jorge del Castillo y varios ex ministros de sus responsabilidades en la gestión de intereses particulares desde un alto cargo público, a pesar de toda la evidencia acumulada en base a los petroaudios y petromails incautados a Rómulo León y sus socios y a las declaraciones de los inculpados y testigos.

Por otra parte, en el caso paralelo de las intercepciones telefónicas (chuponeo), seguido contra el grupo de amigos del vicepresidente Giampietri, que actuaban a través de la empresa Business Track, con múltiples contratos de services con el Estado y empresas trasnacionales, se observa igualmente una tremenda presión política para paralizarlo e impedir que se conozca la información que se había acumulado en los archivos de las escuchas a diversos personajes.

Todo apunta pues a resolver sigilosamente el caso del ex ministro de Pesquería y limpiarlo como se ha hecho en otros tantos casos de corrupción, ocultando su conexión con el gobierno. Luego de eso se supone que vendrá el entierro del proceso sobre el “chuponeo”. Y el gobierno habrá dejado atrás la más grave de sus crisis. El país una vez más verá como los culpables quedan impunes.

Raúl Wiener

La Primera

Fujimoristas comienzan una nueva guerra sucia

Para salvar al condenado, pretenden desprestigiar a vocal Duberlí Rodríguez, presidente de sala que verá el caso en segunda instancia, para que lo reemplace aprista Julio Biaggi Gómez.

La estrategia de los fujimoristas para liberar a su líder Alberto Fujimori, el reo privilegiado de la Diroes, ha variado los últimos días. Han dejado de criticar la condena de 25 años de prisión contra el ex dictador y al tribunal que la impuso y han lanzado una campaña mediática contra los integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que resolverá en segunda y última instancia el recurso de nulidad presentado por la defensa del ex dictador.

Los fujimoristas, a través de su oscuro periódico de escasa circulación, pretenden desprestigiar al presidente del referido tribunal, el magistrado Duberlí Rodríguez, inventándole un vínculo con Sendero Luminoso. Los seguidores de Fujimori acusan también a Rodríguez de haber redactado y presentado, cuando fue diputado de Izquierda Unida (1985-1990), un proyecto de ley de amnistía para condenados por terrorismo.

Para el ex congresista Heriberto Benítez esta campaña mediática tiene la intención de tachar al magistrado Rodríguez o provocar que, ante los cuestionamientos, él mismo se inhiba de participar en la parte decisiva del proceso y con ello lograr que el cargo lo ocupe el magistrado filoaprista Julio Biaggi Gómez, también miembro de la sala, porque es el más antiguo. Es decir que la sala que verá la apelación del ex dictador quedaría en manos del APRA.

“Si esto ocurre (la salida de Rodríguez), el nuevo presidente de la sala será el magistrado Julio Biaggi Gómez que tiene relaciones muy estrechas con el Partido Aprista y el gobierno actual; por lo tanto, a través de él es posible que apristas y fujimoristas coordinen beneficios para Fujimori e inclusive concerten la manera de lograr su excarcelación. Con Rodríguez esto es imposible, pues su independencia es muy reconocida”, sostuvo Benítez tras señalar que Biaggi Gómez es hijo del ex senador aprista Romualdo Biaggi.

A su vez, César Barrera Bazán, también ex diputado de Izquierda Unida, dijo que los fujimoristas intentan satanizar al magistrado reviviendo su pasado político como parte de una estrategia para satanizarlo y sacarlo del cargo.

“Pero se equivocan si creen que por ese camino van a eludir a la justicia; Fujimori tiene que pagar por sus culpas. Lo quieren satanizar a Duberlí, pero lo cierto es que él hace mucho tiempo dejó el activismo político para iniciar una carrera judicial impecable. Esos fujimoristas añoran la época en que tenían en el Poder Judicial a tipos como Alejandro Rodríguez Medrano o Blanca Nélida Colán”, señaló.

Según Gloria Cano, abogada de los deudos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, esta campaña de desprestigio contra los magistrados continuará por un largo tiempo puesto que “tenemos conocimiento que los fujimoristas están averiguando también sobre la vida de los demás integrantes del tribunal que verá la apelación en segunda instancia”.

“Esto es más que un intento de presionar a la sala. Esta campaña de desprestigio es absurda. Golpear a un juez para presionar por su salida y poner a otro es algo grotesco. Pero hay un punto para resaltar, que los fujimoristas no se ponen de acuerdo para llevar una misma estrategia ni en lo mediático, como dice Nakazaki, ni en lo jurídico. Es contradictorio que, por un lado, Nakazaki diga que está de acuerdo con la conformación de la sala y que, por otro lado, los seguidores del ex dictador la critiquen”, dijo la letrada.

Además del presidente Duberlí Rodríguez, la sala la integran los vocales Julio Biaggi Gómez, Elvia Barrios Alvarado, Roberto Barandiarán Dempwolf y José Neyra Flores.

Marcelo Puelles
La Primera

César Hildebrandt sobre Javier Villa Stein

Reproducimos el articulo de César Hildebrandt que apareciera en el diario La Primera, y en su Blogg.

Fujimori está de fiesta

Javier Villa Stein ha llegado a la presidencia de la Suprema. Es, por lo tanto, el flamante jefazo del Poder Judicial. Alberto Fujimori debe de estar más que feliz. Su malevaje congresal brinca de alegría. Montesinos debe de estar guiñándole el ojo a algún secuaz.
Leyendo el blog “Útero de Marita”, recuerdo:
Villa Stein ha opinado que los vladivideos no debieron de ser considerados como pruebas porque fueron obtenidos sin la autorización de un juez.
Villa Stein ha señalado que los hermanos Wolfenson fueron víctimas de una politización de su caso cuando el tribunal anticorrupción respectivo los condenó a la cárcel por haber sido las jetas y el drenaje del SIN fujimontesinista.
Villa Stein también defendió a sujeto tan pringado como Eduardo Calmell del Solar, (a) “Chapulín”, director de “Expreso” cuando ese diario competía con los mayores vertederos de Lima.
Villa Stein ha asesorado a José Villanueva Ruesta, uno de los generales ladrones del fujimorismo.
Villa Stein ha asesorado a Blanca Nélida Colán, la “mami” del ministerio público, cuando ministerio público se escribía con minúsculas por públicas razones.
Villa Stein ha asesorado a Alberto Kouri, el baboso de los quince mil dólares y el camioncito refrigerado con el que iba a repartir pejerreyes y lornas.
Villa Stein es, aunque no venga al caso, orgulloso papá del abogado Ernesto Villa Morán, que trabajó hasta hace poco para el estudio Nakazaki y que actualmente es asesor del congresista fujimorista Rolando Sousa.
Villa Stein es gran amigo de Robinson González, el supremo rabiosamente fujimorista que espera hacerse con el “caso Fujimori” apenas llegue a esa instancia (y por encargo, por supuesto, de Villa Stein).
A esta ayuda-memoria se suma lo que Villa Stein ha declarado ayer en “Caretas”:
-Que los vladivideos siguen siendo pruebas prohibidas.
-Que el dinero encontrado en las cuentas de Montesinos “no prueba necesariamente” que se haya cometido un delito (con lo que Villa Stein pasa de jurisperito fujimorista a potencial secuaz de la banda que secuestró al Perú durante una década).
-Villa Stein sigue insistiendo en que Calmell del Solar fue víctima de “una cacería de brujas”. Lo probaría el hecho de que la justicia de Chile se negó a extraditarlo.
-Sigue diciendo que “hubo mucha beligerancia y mucho encono” en el caso de los hermanos Wolfenson, olvidando las simas de miseria moral que las publicaciones de los hermanos Wolfenson alcanzaron.
Y ahora, siempre según la entrevista concedida a “Caretas”, Villa Stein ha incorporado a su agenda dos ambiciones que coinciden también con las del Apra que gobierna y las del alanismo sin escrúpulos:
-revisar la estructura legal que permite al Consejo Nacional de la Magistratura nombrar y ratificar a los jueces;
-y tumbarse el Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en una sala de la Corte Suprema.
De modo que estamos advertidos.
La alianza apro-fujimorista, que ya controlaba la Corte Superior de Lima, acaba de tomar el mando supremo del Poder Judicial.
Y todo esto sucede mientras la atención pública disfruta del espectáculo menor de un sinvergüenza que se ríe de unos congresistas venidos a menos.El Apra tiene vocación de arrasadora neoplasia.
No necesitamos a la oposición.
Necesitamos a un ejército de oncólogos.
Sólo el INEN salvará al Perú.