“Criterio del ‘tercio superior’ no es idóneo para escoger a los mejores”

JAVIER DE BELAUNDE. Constitucionalista reconoce la competencia del gobierno central para fijar las políticas sectoriales, pero cuestiona método de evaluación para contratar a maestros.

Inés Flores [Entrevista Diario La Republica 13/02/08].

El gobierno central impone una norma que permite contratar como docentes solo a quienes obtuvieron el tercio superior, pero los presidentes regionales anuncian que no acatarán tal medida porque la evaluación está dentro de su competencia. ¿Quién tiene la razón en este conflicto?
Creo que aquí hay que diferenciar cuestiones de forma, en el sentido de quién es competente para regular la educación en el Perú, y si pueden los gobiernos regionales desconocer los decretos del Poder Ejecutivo.

¿Y a quién le compete?
Es claro que al Poder Ejecutivo. Se debe tener en cuenta que en la sentencia (expediente 0047-2004-AI) del 24 de abril del 2006, el Tribunal Constitucional ya se pronunció a propósito de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el gobierno regional de San Martín contra el Congreso de la República, sobre una ley que facultaba el nombramiento de los profesores aprobados en concurso público.

¿Y qué vinculación tiene ese fallo con el reclamo actual?
El TC declaró infundada la demanda del gobierno regional, y en la sentencia desarrolló toda la competencia relativa a la regulación de la Educación: En el fundamento 148 dice que al gobierno nacional, mediante el Ministerio de Educación, le corresponde fijar las políticas sectoriales en materia de personal, incluido el personal docente, así como implementar la carrera pública regional; también, que a los gobiernos regionales les corresponde el proceso de evaluación e ingreso del personal docente atendiendo los requerimientos de cada institución educativa. Si el DS 004 del 2008 es uno que fija políticas sectoriales, entonces esto es una competencia del gobierno nacional tal como lo ha establecido el TC.

¿En el ordenamiento legal qué implica un desacato a este decreto por los gobiernos regionales?
Sería un desacato carente de fundamento legal. Me ha llamado mucho la atención ver que hay un hábeas corpus declarado fundado (por un juez de Junín) sobre esto, porque ese recurso no está diseñado para este tipo de conflictos. Aquí lo que cabría es una acción popular, en caso se considere que la norma es inconstitucional.

De todas maneras, los gobiernos regionales tienen que hacer frente a los maestros de sus jurisdicciones por reglas de juego establecidas por el gobierno central.
Su función es explicar a la población cuál es su competencia y cuál es la del Ejecutivo. Y si esto genera malestar, se debe establecer muy claramente a qué se debe el malestar, sin embargo, ellos no pueden usar este argumento para desconocer una política nacional, porque eso sería sembrar el caos. Imagínense si cada gobierno regional puede desconocer normas o políticas nacionales, hoy será en esta materia y mañana será en cualquier otra.

¿No le parece discriminatoria una norma que permite contratar solo a quienes hayan estado en el tercio superior?
Es plausible que se busque mejorar la calidad de la educación y de quiénes imparten la educación. Si la finalidad de la norma es seleccionar a los maestros más capacitados, creo que la medida impuesta no resulta idónea porque deja de lado otros criterios que son relevantes, y no es capaz de conducir al resultado que se persigue.

¿Usted cree que con la aplicación de esa norma se lesiona el principio constitucional de igualdad para todos?
Sí, creo que hay una lesión del principios de igualdad. Se está diciendo que el derecho de tener título de maestro debe bastar para tener un puesto. El título debe valer para concursar y que se está en aptitud de ejercer el puesto.

Entonces, ¿qué criterios se deben tener en cuenta?
Experiencia, educación continua, idoneidad psicológica. Es importante que se vea si es una persona psicológicamente equilibrada, si no tiene rasgos de perversión.

¿Un ministerio para el medio ambiente?

De manera un tanto sorpresiva, el presidente García ha anunciado su voluntad de crear un Ministerio del Medio Ambiente. El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la máxima autoridad ambiental actual, ha mostrado de manera reiterada no estar a la altura de los complejos desafíos ambientales del país. Ya sea por los límites de su propia jurisdicción, o por la falta de liderazgo de sus directivos, el hecho es que el CONAM ha terminado siendo más parte del problema que de la solución.

El reto que el anunciado ministerio tiene que afrontar es grande. Una rápida enumeración puede darnos una idea: a) la contaminación urbana del aire, común a todas las grandes ciudades del país; b) la contaminación de las aguas en, prácticamente, todos los ríos de la costa y buena parte de los de la sierra y la selva, por acción de la industria, la minería, los hidrocarburos, los deshechos urbanos, los insumos químicos de la agricultura, la fabricación de derivados de la coca, etc.; c) la deforestación de la selva. También forma parte de los problemas ambientales la pérdida de recursos naturales, como la salinización de los suelos fértiles de la costa, la erosión de los suelos en la sierra y la selva, y la reducción de los niveles del agua subterránea.

Todos estos problemas tienen un importante potencial conflictivo, pues son causados por la acción humana y, por tanto, son muchos y grandes los intereses en juego. Los conflictos entre las empresas mineras y las poblaciones rurales de su entorno son una manifestación de lo dicho, pero también lo son los existentes a propósito de otras actividades extractivas.

Precisamente, porque hay muchos intereses en juego es que el papel del Estado como cautelador del interés público es fundamental. Hasta el momento, el sesgo del Ministerio de Energía y Minas a favor de las empresas mineras, aun cuando estas incumplen normas ambientales, ha debilitado la credibilidad del Estado ante las poblaciones que se sienten afectadas. Y el comportamiento débil del CONAM no ha hecho sino contribuir a este sentimiento.

Ciertamente, hay lugar para el escepticismo ante la oferta presidencial de crear el Ministerio del Ambiente, y por múltiples razones. El presidente García ha tenido varias y súbitas iniciativas que luego han quedado en nada (¿recuerda el Pacto Social o la Agencia contra la Corrupción?). Su gobierno ha criticado dura, sistemática e injustamente a los pobladores rurales que se han movilizado precisamente para defender el medio ambiente, amenazado por las explotaciones mineras. El propio presidente escribió, hace muy poco: «El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX, y cambia otra vez de camiseta, en el siglo XXI, para ser medioambientalista».

Pero en el caso de que la promesa se haga efectiva, la creación de un Ministerio del Ambiente tampoco resolvería gran cosa, pues dependería políticamente del presidente. Lo que se requiere es un organismo autónomo que tenga la libertad de discrepar con el Ejecutivo cuando sea necesario y que tenga la fuerza y autoridad de normar, fiscalizar y sancionar a quienes atentan contra el medio ambiente —aun si los responsables son empresas poderosas.

Editorial de: La Revista Agraria Nº 90

Web: www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm

Salvemos Candamo

Paro regional en la selva de Peru

PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ
patria roja
Comité Local Tierra Roja

POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA AMAZONÍA
4 DE JUNIO PARO REGIONAL

El crecimiento económico del que se ufana el actual gobierno no se refleja en el bienestar de la población, ni en el desarrollo de ¡as regiones. Se trata de un crecimiento basado en el saqueo de las materias primas, cuyos grandes beneficiarios son las empresas transnacionales, mientras las grandes mayorías continúan sumidas en la pobreza, el abandono, el desempleo y la exclusión.

La superconvivencia del gobierno aprista con la derecha y el fujimorismo se esfuerzan en profundizar el modelo neoliberal, lesionando los intereses nacionales y la soberanía del país. Se arrodillan frente a las grandes empresas y al imperialismo, permiten la instalación de bases militares norteamericanas en nuestro territorio, dictan leyes para despojar de sus derechos a los trabajadores, incentivan el saqueo de nuestros recursos a costa del despojo de su territorio a las comunidades, la destrucción del medio ambiente, en envenenamiento de ríos y lagunas. Mientras que por otro lado echan mano a la manipulación mediática, al autoritarismo y la represión para acallar a las protestas populares.
En e! fondo lo que está en juego en el Perú son dos opciones de desarrollo diametralmente opuestas: o bien el modelo primario exportador, que se basa en la intervención del capital extranjero, saqueador de nuestros recursos naturales para beneficio de las grandes empresas transnacionales, y cuya expresión política es el centralismo, el autoritarismo y la exclusión social: o bien un modelo de desarrollo independiente que se base en nuestras propias fuerzas, que coloque como centro e! bienestar de las grandes mayorías y la defensa de la soberanía nacional, que se sustente en una democracia participativa, en la descentralización efectiva y en la inclusión de todos los peruanos.
El Perú necesita transitar hacia un desarrollo independiente en el marco de un Proyecto Nacional, abrir paso a un nuevo sistema político mediante una Constitución que funde una nueva república. Todo ello requiere la más amplia y sólida unidad del pueblo peruano. Construir esta unidad con claridad de objetivos es la tarea más importante del presente, a la cual todos debemos contribuir con amplitud de miras
Nuestro Partido expresa su firme respaldo al paro regional del 4 de junio convocado por el Frente de Defensa de Ucayali, medida que asimismo coincidirá con el Paro convocado por el Frente Patriótico de Loreto para esa misma fecha. La defensa de la amazonia y la lucha por su desarrollo integral constituye una política de interés nacional en la que estaremos siempre comprometidos.

Respaldamos las diversas medidas de lucha que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país y nos sumamos a las jornadas de lucha que diversos gremios y organizaciones populares están programando para los días 11 y 19 de julio. Solo la. unidad del pueblo y su disposición a la lucha pueden contener la política entreguista y represiva de las clases dominantes y abrir un nuevo curso para nuestra patria.

PLATAFORMA DE LUCHA DEL FRENTE DE DEFENSA DE UCAYALI

1.- derogatoria de los D.L. 977 y 978: vigencia de las exoneraciones tributarias en la amazonia - reformulación de la ley 27037
2.-alto a la venta de nuestros bosques; revisión de las concesiones forestales: protección de nuestros recursos naturales. Veda de la caoba y el cedro.
3.- defensa de la escuela publica, nombramiento de maestros - derogatoria de la ley de racionalización - ampliación de plazas docentes - mayor presupuesto para la educación -alto a la municipalización de la educación.
4.- defensa de la salud publica, cumplimiento del acta de acuerdo del sector salud con el presidente regional.
5.- solución a la problemática agroforestal- crédito y promoción - saneamiento de predios rurales - ordenamiento territorial y cumplimiento del acuerdo de tocache.
6.- canon del gas de Camisea y Pagoreni para Ucayali.
7.- respeto a la demarcación territorial técnica entre Ucayali - Junin.
8.- saneamiento físico legal de nuestros AA.HH. Zonas rurales - comunidades nativas de nuestra jurisdicción regional.
9.- infraestructura y servicios básicos : agua, luz, nutrición, salud, educación en nuestros AA.HK, zonas rurales, comunidades nativas y frontera.
10.- solución definitiva de la problemática del sector Corpac.
11.-desarrollo de proyectos productivos en Purús y Yurua.
12.- rebaja del precio del combustible, gas energía eléctrica.
13.- destitución de funcionarios públicos comprometidos en actos de corrupción.
14.- defensa de la universidad publica.